El fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez Velarde, dispuso incluir al presidente del país, Pedro Castillo, en la investigación preliminar que se abrió previamente contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, y seis congresistas del partido Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’.

Según informó el 29 de mayo el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, la investigación fue ampliada «luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones». Asimismo, detalló que el mandatario peruano fue incluido en la pesquisa debido a «la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada«.

El organismo señaló que Castillo fue notificado de la disposición, y «se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos». Además, agregó que el presidente tendrá garantizado «el pleno ejercicio de su derecho de defensa».

Presuntos delitos de corrupción y organización criminal

A partir de los informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire, el fiscal de la Nación inició el pasado 5 de mayo una investigación preliminar contra Silva y los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Ilich López Ureña, Juan Mori Celis, Darwin Espinoza Vargas, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.

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De acuerdo con Sánchez, durante el ejercicio de sus funciones, el exministro influyó en la adjudicación de siete contratos por 804,5 millones de soles (220,5 millones de dólares) a favor de tres constructoras chinas, consorcionadas con dos empresas peruanas, informa La República. El fiscal apuntó que el ex alto cargo habría consultado «con el grupo de personas con las que venía viendo estos temas de manera irregular», entre ellos el empresario Zamir Villaverde, los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, además de los seis miembros de Acción Popular.

Asimismo, el fiscal de la Nación solicitó el pasado miércoles al Poder Judicial el impedimento de salida de Perú por 36 meses para Silva «como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal». Además, se pidió la misma medida por 9 meses contra los congresistas «por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado».

A su vez, Silva declaró ante la Comisión de Fiscalización que no intervino en las licitaciones. «Los comités [de licitación] que evalúan [las contrataciones] son autónomos en sus acciones, no tenemos injerencia», afirmó. «No vamos a negar que corrupción hubo toda la vida. Ahí tenemos al Club de la Construcción. Yo he tratado de evitar eso», agregó.