El Ministerio Público (MP) de Perú aclaró este martes que la investigación contra el presidente Pedro Castillo por presunto «tráfico de influencias» y otros delitos no ha sido «archivada», como informaron algunos medios, sino que se encuentra suspendida hasta que el jefe de Estado culmine su mandato.

Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, la Fiscalía recordó que en sus 40 años de existencia nunca se había abierto un expediente contra un presidente en funciones, tal como ocurrió en el caso de Castillo y también con Martín Vizcarra, en octubre de 2020.

Ambas acusaciones fueron impulsadas por la fiscal Zoraida Ávalos.

«Los hechos denunciados –construcción del Puente Tarata, licitación de biodiésel a Petroperú y ascensos militares– están siendo investigados en distintas fiscalías y se están realizando las diligencias respectivas para determinar las responsabilidades del caso», señaló el MP.

El docente de izquierda está acusado por presunto «tráficos de influencias», «patrocinio ilegal» y «colusión» en agravio del Estado, en los casos por la licitación del proyecto Puente Tarata III, la adquisición de Biodiesel B100 para abastecer a Petroperú y los polémicos ascensos de militares en el Ejército.

En la primera de las averiguaciones, el Ministerio Público sospecha que el jefe de Estado habría intervenido «indebida e indirectamente» en el otorgamiento de un contrato millonario de construcción del puente vehicular Tarata, en el departamento de San Martín.

Para la Fiscalía, el mandatario intercedió «a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado», otorgara el visto bueno a favor del consorcio Puente Tarata III.

La última es la causa que investiga las supuestas irregularidades en el ascenso de dos coroneles miembros de las Fuerzas Armadas, un hecho que motivó en noviembre la renuncia del exministro de Defensa Walter Ayala, denunciado por supuestas presiones para promover a oficiales de confianza.