Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto Evo Morales por los delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo», en el marco del llamado «caso audio».

La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque «se evidenció» que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se coordinó con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.

Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

«Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo (así). Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo», decía una voz que se atribuyó a Morales.

De acuerdo con la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a «cometer actos ilícitos«.

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