Cristina Vázquez tenía 38 años, pero pasó 12 de ellos encerrada en una prisión. Había sido condenada a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Después de una larga batalla legal, la Corte Suprema de Justicia de Argentina la absolvió.

En diciembre, por fin, salió libre. Pero ayer la encontraron muerta en su casa de Posadas, una ciudad ubicada en el norte del país. Hasta ahora se desconocen los motivos y las circunstancias.

La noticia provocó una inmediata conmoción, sobre todo por parte de sus amigas y colectivos feministas que denunciaron su caso, que la ayudaron y que la acompañaron durante este tiempo. El reclamo unánime fue contra el abandono del Estado que, una vez más, la desprotegió.

Magda Hernández Morales y Gabriela Cueto, directora y productora del documental ‘Fragmentos de una amiga desconocida’, en el que cuentan la cadena de injusticias que padeció Vázquez, publicaron una carta para exigir que se investigue la muerte de la víctima.

Lo mismo pedirán organizaciones que ya convocaron a una marcha en Posadas para este jueves. Incluso se sumó al repudio Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández.

Duelo y reclamos

‘Sobre la muerte de nuestra amiga’ es el título del escrito en el que Hernández Morales y Cueto recordaron que el 26 de diciembre del año pasado la Corte absolvió a Vázquez.

«La Corte fue contundente: Cristina había sido víctima de todas las injusticias de las que el sistema es capaz y pagó con 12 años de su vida las aberraciones de una justicia patriarcal, prejuiciosa y que se cree infalible«, afirmaron.

El 27 de diciembre, explicaron, Cristina pisó la calle inocente, libre y sola. «La acompañamos como pudimos frente al abandono del Estado que, ante a esta injusticia, le pidió que ahora demostrara los daños que había sufrido, para poder recibir el resarcimiento que por derecho le correspondía. Le ofrecieron subsidios paupérrimos y un trabajo en el que sufrió lo que ya había recibido antes: acoso, prejuicios, aislamiento y revictimización», acusaron.

También insistieron en que Vázquez fue abandonada y expuesta después de que el Estado arruinó su vida y toda posibilidad de futuro. «En el camino muchas personas brindaron una mano. Pero frente a la maquinaria cruel y destructiva de un sistema que literalmente come y escupe gente, eso no es suficiente», dijeron.

Por eso demandaron que ahora haya «una investigación apropiada que selle con la verdad esta historia injusta y triste» y que su familia tenga lo que a ella se le negó: un futuro.

«Exigimos que los y las responsables de que Cristina haya pasado tantos años en la cárcel, injustamente, reciban algún castigo y que no sigan ascendiendo en la estructura del poder judicial. Exigimos que la vida de Cristina y su sufrimiento no sean en vano. Cristina quería seguir luchando para que la justicia no hiciera con otros y otras lo que hizo con ella. Es necesario que algo cambie», advirtieron.

El caso

La tragedia de Vázquez comenzó el 28 de julio de 2001, cuando se fue a pasar un par de días con sus amigos Celeste García y Pedro Oyhanarte a una granja que estaba a ocho kilómetros de su casa en Posadas.

Esa noche, una vecina de Vázquez, Erselida Lelia Dávalos, de 79 años, fue asesinada a martillazos. Un par de días más tarde, cuando la joven ya había vuelto a su casa, llegaron policías a detenerla. La acusaron de haber robado y matado a su vecina.

De nada importó que se demostrara que Vázquez ni siquiera había estado en el barrio la noche del crimen, que no hubiera una sola huella o rastro de ella en la casa en la que se cometió el asesinato, ni se siguió la pista de una persona que estuvo haciendo arreglos en la casa de la vecina hasta la noche.

Para inculparla, bastó el testimonio de una mujer que declaró que Ricardo Jaras, un hombre que era pareja con Cecilia Rojas, conocida de Vázquez, estaba vendiendo las joyas de la anciana asesinada.

La testigo jamás ratificó su declaración ni se presentó en el juicio oral ni aparecieron las supuestas joyas, pero aun así Jaras, Rojas y Vázquez fueron condenados a prisión perpetua.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Argentina, recordó que 10 pruebas científicas avalaron que Vázquez no tuvo relación con el crimen. Tampoco hay testigos directos que acrediten su culpabilidad. La propia sentencia condenatoria lo admitió al afirmar que no había pruebas suficientes.

«A pesar de ello, el tribunal construye la culpabilidad de Cristina Vázquez en base a rumores, cargados de prejuicios de género y de clase», aseguró.

Cuando el proceso ya llevaba 16 años, tenía tantas irregularidades que la Corte Suprema ordenó en 2015 que la condena de Rojas fuera revisada y se dejara sin efecto la sentencia a prisión perpetua de Jaras.

La situación de Vázquez era distinta: en otro «descuido», el recurso extraordinario para que su condena fuera revisada no había sido presentado por la defensa, por lo tanto el fallo en su contra se encontraba firme y ella no lo sabía.

Por eso, recién en febrero de 2015 Vázquez presentó un recurso ante la Corte. Un año más tarde, el máximo órgano de justicia de Argentina dejó sin efecto la condena, pero a fines de 2016 el Superior Tribunal de Justicia la ratificó. Para entonces, el caso ya tenía repercusión nacional.

Fue hasta fines del año pasado, cuando Vázquez ya llevaba más de 11 años presa por un crimen que no cometió, que logró que la Corte Suprema la absolviera.

Pero una vez libre, no logró sobrevivir.

Cecilia González