A finales de agosto, según mandato constitucional, el presidente de Perú, Pedro Castillo, envió su primer gabinete al Congreso con el fin de conseguir un voto de confianza.

Previamente, las acusaciones de todo tipo, incluyendo terrorismo, contra miembros del gabinete, se exacerbaron. Especialmente sobre la figura de Guido Bellido, el primer ministro que además fue el protagonista de esa jornada y encargado de presentar a los ministros ante la plenaria.

Bellido fue acusado días antes por la Fiscalía de mal manejo administrativo en la campaña presidencial que apenas culminaba y los poderes establecidos demandaban su renuncia.

La presión política de los sectores conservadores y el ‘fujimorismo’ aumentó de manera considerable bajo la estrategia de entorpecer al nuevo gobierno desde un principio, sin permitirle luna de miel alguna.

Primero se trató de impedir, durante casi un mes, la proclamación del ganador, bajo acusaciones de fraude de la candidata perdedora Keiko Fujimori, cuyos argumentos se centraban en reclamos ideológicos como «el peligro del comunismo», sin sustento relacionado con irregularidades electorales.

Proclamado Castillo, los cañones mediáticos intentaron paralizar la juramentación. Movilizaciones de militares retirados pedían la intervención de las Fuerzas Armadas para impedirla, mientras el ‘fujimorismo’ trataba de tomar las calles con saldo de algunos enfrentamientos.

Una vez juramentado el flamante presidente, toda la presión se concentró en tratar de impedir el voto de confianza del Congreso al gabinete. Allí se inició una feroz campaña contra varios miembros del gabinete y Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre de Castillo, a quienes acusan de terrorismo, corrupción o maltrato a mujeres.

La confrontación entre Congreso y Ejecutivo terminó favoreciendo a Castillo y su gabinete: consiguieron el voto de confianza; Bellido, lejos de renunciar, acabó liderando la operación; y aumentó la popularidad del presidente.

Estas tensiones obligaron incluso a la renuncia del recién nombrado canciller, Héctor Béjar, un experimentado político de 85 años, a quién se le acusó de viejas declaraciones en las que relacionaba la Marina de Guerra del Perú con los primeros actos terroristas en el país con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU.

El gobierno, lejos de flaquear, desarrolló una estrategia confrontativa, signada por lo simbólico, y utilizó el evento administrativo y protocolar, en aras de profundizar la politización de la coyuntura.

Así apareció Bellido en el Congreso, sin corbata y hablando en quechua y reivindicando a Túpac Amaru. Es decir, ante la arremetida de la derecha, Castillo utilizó las armas de la polarización no solo política, sino sobre todo histórica, para salir airoso de una especie de celada que le esperaba en la poderosa institución legislativa. Y al parecer, su estrategia le ha dado un buen resultado.

Según una de las encuestadoras de mayor influencia en Perú, El Comercio-Ipsos, la aprobación de su gestión pasó de 38 % a 42 %, según instrumento aplicado el 9 y 10 de septiembre, es decir, pocos días después de la coyuntura legislativa.

Lo más asombroso es que la popularidad de Bellido, el actor más criminalizado por los medios de derecha, también aumentó 4 puntos, a pesar de aún permanecer baja, en 25 %.

En el mismo estudio aparece un crecimiento en la desaprobación a la gestión del Congreso de 44 % a 49 %.

Con este último dato queda claro que la confrontación, tal como se presentó, entre Congreso y Ejecutivo, terminó favoreciendo, al menos en esta coyuntura, a Castillo y su gabinete. Primero, porque terminó consiguiendo el voto de confianza legislativo. Segundo, porque Bellido, lejos de renunciar, como lo demandaba la oposición, acabó liderando la operación. Y tercero y principal, porque aumentó la popularidad del presidente.

Nueva estrategia opositora

El partido de Castillo, Perú Libre, a pesar de ser el primer partido en curules, tiene apenas 37 escaños, por lo que necesitaba al menos 66 para conseguir el voto de confianza. Terminó consiguiendo 73.

Este resultado legislativo, que implica el visto bueno de los principales partidos opositores Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP), es producto de un intento por parte de la oposición moderada, más socialdemócrata, de ubicar el escenario de enfrentamiento político existente dentro un marco político. Esta postura es contraria a la que defienden ‘el fujimorismo’ y los conservadores, que quieren una salida inmediata del nuevo gobierno, al que consideran un ‘error histórico’ y que creen poder superar cómodamente desde la institucionalidad liberal, dominada por el parlamentarismo y acostumbrada a deponer presidentes.

Por el contrario, AP y APP visualizaron que negar el voto de confianza elevaría grados de conflicto a la coyuntura y podría llevar al Perú a una situación de choque de calle, como el sucedido en prácticamente todos sus vecinos los últimos años (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia), y del que el país se ha visto, asombrosamente, exento.

Estos partidos otorgaron su confianza a Bellido como primer ministro y bajaron las expectativas que tenía la derecha radical –conformada por Avanza País (ultraliberal), Renovación Popular (extrema derecha) y el ‘fujimorismo’ de Frente Popular (FP)– de bloquear el voto de aprobación, como de hecho lo intentaron, y acelerar el intento de deponer a Castillo.

La estrategia de Castillo está funcionando, en tanto su figura logra una división entre los sectores sociales y económicos, lo que acrecienta su respaldo en amplios sectores populares.

No obstante, las figuras que pivotaron este nuevo escenario de diálogo o ‘luna de miel’ al gobierno tampoco salieron bien paradas en la mencionada encuesta.

Es el caso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, encargada de facilitar el diálogo con el gobierno hasta conseguir la aprobación parlamentaria del gabinete y, a la vez, poner coto a los intentos del movimiento de Castillo de proponer medidas radicales como una constituyente. En la misma encuesta, la congresista bajó de 37 % de aprobación a 33 %, quedando su nivel de desaprobación en 47 %.

En definitiva, Castillo ha salido ganando, por ahora, a ambas tendencias opositoras, la radical y la moderada, que ahora deberán calibrar sus fuerzas para acompasar una nueva estrategia o terminar divididas ante el fenómeno de Castillo, un candidato del cual nadie esperaba siquiera su paso a la segunda ronda electoral.

Visto todo esto, la oposición está obligada a tomar una rápida decisión sobre su estrategia de confrontar a Castillo. Si se radicaliza, el presidente puede seguir subiendo en las encuestas y acomodarse en su cargo, debido a que desde su emergencia como líder se ha visto favorecido por la confrontación y ha conseguido un nicho sólido en territorios que, incluso este mes, le brindan mayor respaldo, siempre según la encuestadora Ipsos.

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Así, en el sur del país aumento su aprobación hasta un 57 %, mientras que en el sector socioeconómico E, es decir, el de mayor pobreza y marginalidad, posee un respaldo de 55 %. Así mismo, en el sector rural tiene 52 %.

Estos resultados se diferencian de manera diametral de la población urbana, donde llega a tener 65 % de rechazo y especialmente en la capital, Lima, donde según la encuesta apenas tiene 9 % de aprobación y 62 % de desaprobación.

En el sector socioeconómico A, los más ricos, tiene una desaprobación del 82 %.

En esta encuesta se aprecia no solo que Castillo creció con la coyuntura (a pesar de una feroz campaña en su contra), sino que también puede concluirse que la estrategia de politización y antagonismo social de Castillo está funcionando, en tanto su figura logra una división entre los sectores sociales y económicos, lo que acrecienta su respaldo en amplios sectores populares.

Ociel Alí López

Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

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