La Defensoría del Pueblo de Bolivia interpuso este jueves una demanda penal en contra de las instancias y personas que hasta ahora han impedido que se lleve a cabo la interrupción del embarazo de una niña de 11 años, que fue víctima de una violación.

La denuncia es contra el personal médico del hospital Percy Boland, los funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz y Yapacaní, la Conferencia Episcopal y contra la madre de la menor de edad, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes; desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y acciones de inconstitucionalidad; y por trata de personas con fines de disposición del ser humano.

En una conferencia de prensa a las afueras de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, los funcionarios de la Defensoría recalcaron que las acciones legales se emprenden para salvaguardar la vida y la integridad de la niña.

La demanda ocurre un día después de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) instara a Bolivia a activar todos «los mecanismos de protección integral» para garantizar los derechos de las niñas y recordara que la maternidad forzada a menores de edad es considerado como tortura.

«El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación», apuntó Naciones Unidas.

Esa postura también es compartida por funcionarios bolivianos, como la ministra de la presidencia, María Nela Prada. «Las niñas son niñas, no son madres. Nosotros vivimos en un Estado laico y por supuesto, a nivel internacional, se considera que el embarazo de una menor es una forma de tortura«, declaró el miércoles.

La urgencia de la demanda también tiene que ver con el hecho de que la niña tiene más de 20 semanas de gestación, lo que obliga a que el aborto se practique cuanto antes para evitar complicaciones de salud para la menor.

¿Qué ocurrió?

El caso de la pequeña, que fue abusada sexualmente por el padre de su padrastro en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz), se conoció el pasado fin de semana y no solo reavivó el debate sobre el aborto en Bolivia, sino que dejó en evidencia el poder que tiene la Iglesia para presionar en contra de la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación.

«Las niñas son niñas, no son madres»: La ministra de la presidencia de Bolivia rechaza que se obligue a parir a una menor de edad que fue violada

Aunque en un primer momento la familia acudió al hospital para practicarle el aborto a la niña, quien además expresó su deseo de interrumpir el embarazo, la «injerencia» de una organización ‘pro-vida’ vinculada a la Iglesia católica habría convencido a la madre de la víctima de no llevar a cabo el procedimiento médico, según informó la directora ejecutiva de la asociación feminista Casa de la Mujer, Ana Paola García. Por eso, el martes fue dada de alta del centro médico.

Este jueves, los funcionarios de la Defensoría reiteraron que la Iglesia «no puede tener la tutela» de la pequeña, y exigieron que se abra un procedimiento para saber dónde se encuentra la menor y qué tratamiento seguirá para interrumpir el embarazo.

La menor de edad estaba facultada para practicarse el procedimiento, amparada en una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.

Según cifras de la Casa de la Mujer, en 2020, se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que «104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años».

El agresor de la niña ha sido detenido y enviado al penal de Montero, en el Departamento de Santa Cruz, con prisión preventiva por seis meses.