La Comisión Europea considera desproporcionada la normativa tributaria española que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes y derechos situados en el extranjero a través del denominado ‘modelo 720’, con fuertes sanciones económicas para quien declare fuera de plazo o no lo haga, por lo que la ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El motivo por el que el órgano ejecutivo de la Unión Europea ha denunciado esta legislación es porque sostiene que las fuertes sanciones económicas constituyen una restricción para las libertades fundamentales defendidas por las normativas europeas. Las sanciones incluyen la calificación de los activos como ganancias patrimoniales, la inaplicación de las reglas normales de prescripción y unas multas pecuniarias fijas que superan a las del régimen general para infracciones similares.

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Precisamente la abultada cuantía de estas sanciones económicas ya fue objeto de un fallo del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) de España, que anuló la primera sanción impuesta por este concepto al considerar que el infractor no era merecedor de un recargo del 150 %.

Si finalmente el TJUE se pronuncia en línea con la interpretación de la Comisión Europea, quedaría por determinar si los sancionados podrían recuperar lo pagado de más.

El ‘modelo 720’ entró en vigor en 2012, de la mano del ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, y en su momento fue considerado como una de las medidas estrellas del Ejecutivo conservador para luchar contra el fraude fiscal.