La Cámara de Representantes de Colombia avaló este miércoles el proyecto de la Ley 181, conocida como la legislación de ‘paz total’, que define la política nacional promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, fue aprobado previamente por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes.

En la Cámara de Representantes, la discusión comenzó la tarde del martes y este miércoles se aprobó la ley de ‘paz total’ con el aval de 125 representantes y el rechazo de 13 parlamentarios.

El proyecto deberá ser corregido por una comisión de conciliación, debido a que hay diferencias entre lo aprobado por ambas cámaras. En uno de los aspectos más relevantes, mientras que el Senado eliminó los artículos 10 y 11 que hacen referencia al servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la Cámara de Representantes avaló ese apartado.

Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a la sanción presidencial.

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En la Ley 181 se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.

En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para «entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados«.

Además, estos representantes tienen autorizado «firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley», con el objetivo de «obtener soluciones al conflicto armado».

Asimismo, se incluyó la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podría ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.

Por otra parte, la iniciativa facultó a los departamentos y municipios para que puedan cobrar impuestos dedicados a los fondos territoriales de paz.