El venezolano Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad presidencial durante el Gobierno de Hugo Chávez, podrá ser extraditado a EE.UU. después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprobara el procedimiento.

Velásquez Figueroa es solicitado en territorio estadounidense por su presunta vinculación en una trama de corrupción por canje de divisas y blanqueo de capitales, en la que también habría participado su esposa y extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén.

Los cargos que se le imputan en EE.UU. son asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Según el auto con fecha de 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran que esos hechos constituyen delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho, de acuerdo a la legislación española.

La solicitud de extradición, que fue expedida por el Tribunal de Distrito Sur de Florida, detalla que desde 2008 hasta el 2017, Velásquez habría participado en una trama de corrupción junto a su esposa y el empresario Raúl Gorrín Belisario, para obtener beneficios con el cambio de moneda extranjera efectuado presuntamente para el gobierno venezolano.

Extraditado con doble nacionalidad

Velásquez alegó en su defensa que tanto él como su pareja estuvieron a disposición de la justicia y colaboraron para entregar claves de los equipos que tenían en España, ya que eran solicitados en una comisión rogatoria con EE.UU. Tanto él como Díaz Guillén poseen doble nacionalidad y se trasladaron al país europeo asegurando que recibían amenazas políticas.

Aunque a la fiscal le sorprendió el hecho de que Velásquez tuviera doble nacionalidad y lo acusó de haberla obtenido de manera fraudulenta, los magistrados no encontraron evidencia de que hubiese irregularidades en ese proceso, pero sí recalcaron que eso no impedirá la extradición, ya que existen resoluciones previas que demuestran que la Audiencia Nacional ha autorizado la entrega de nacionales a terceros países.

En 2019, sin embargo, la justicia española no autorizó la extradición de Velásquez y Díaz Guillén a Venezuela, que los solicitó en 2018 por los presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. En esa oportunidad, la Audiencia Nacional rechazó el proceso alegando la supuesta «vulneración de derechos fundamentales» de la que serían víctimas si eran entregados a los tribunales venezolanos.

En esta ocasión, la decisión de extraditarlos ocurre casi un año después de que ambos fuesen detenidos en España por solicitud de EE.UU.