La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que debe recurrir a la «primacía de la realidad» y tener cautela con la información que toma en cuenta para realizar el examen preliminar, iniciado contra el Estado venezolano y altas autoridades de la nación suramericana, sobre su presunta responsabilidad en crímenes contra los derechos humanos.

«Lo que le hemos dicho a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es ‘primacía de la realidad’, como dicen los abogados, los hechos, no las matrices creadas por Twitter y robots que buscaron amplificar versiones sobre las autoridades venezolanas y sobre el Estado venezolano», dijo Rodríguez, al recalcar que su país es víctima de un «linchamiento mediático» y una «campaña de desprestigio».

En una rueda de prensa, la alta funcionaria se refirió a la cuarta actualización del informe que envió la Fiscalía de Venezuela a la CPI, que hace referencia un estudio realizado por expertos de Big Data, que determinó que a través de las redes sociales, principalmente Twitter, se construyó una matriz de opinión contra Caracas, generada con noticias falsas y manipuladas desde EE.UU.

«¿Por qué presentamos este estudio a la Fiscalía de la CPI? Para que no se dé paso en falso, para que sepan que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, mentiras y en matrices construidas a través del Twitter», argumentó la vicepresidenta venezolana, quien reiteró que su país garantiza el respeto a los derechos humanos y a la Carta de las Naciones Unidas; y que cuando un agente de seguridad del Estado ha violado la ley, ha sido «inmediatamente judicializado».

La Fiscalía de Venezuela actualiza el expediente ante la CPI sobre 5 casos de violaciones de derechos humanos

La funcionaria consideró que el caso venezolano debe ser tomado como ejemplo en la ONU, ya que considera que los expedientes sustentados en «noticias falsas» podrían aplicarse en contra de cualquier país. A su juicio, «los poderes imperiales», económicos y los «dueños de transnacionales de la comunicación», buscan «influir en la calificación de delitos y tipificar delitos que no existen«, para sustituir las leyes internacionales y las instituciones que legislan sobre el derecho internacional.

«La CPI en cualquier momento puede ser borrada de un sopetón y sustituida por los juzgamientos de las redes sociales y las matrices que falsamente crean. Es algo muy grave», denunció.

Por último, aseveró que Caracas seguirá cooperando con la Fiscalía de la CPI, «como lo ha venido haciendo desde el primer momento», porque también espera que esa corte haga justicia sobre la denuncia presentada por el Estado venezolano «con pruebas suficientes», contra la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, a través de la imposición del bloqueo total al país suramericano.