El presidente de Bolivia, Luis Arce, conmemoró este martes el segundo aniversario de su triunfo electoral con una advertencia a la oposición conservadora del país.

«Hace dos años, la lucha y conciencia profundamente democrática del pueblo boliviano, movilizado en todo nuestro país, nos devolvió la democracia, pero también la esperanza, la paz y la estabilidad. Con más del 55 % de los votos, Bolivia le dijo ¡basta! a los golpistas«, afirmó el mandatario en sus redes sociales en medio de la tensión política que enfrenta por la amenaza de un inminente paro impulsado por el ultraderechista gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

«Hoy, el horizonte vuelve a ser claro, retornamos a la senda del crecimiento con justicia social y estamos convencidos que, con la unidad del pueblo boliviano, organizado y movilizado, ¡la derecha golpista no pasará!», añadió Arce con un llamado a defender la democracia.

El 18 de octubre de 2020, Arce, entonces candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), ganó la presidencia en primera vuelta al obtener el 55 % de los votos en unos comicios que representaron el regreso de Bolivia a la democracia después del golpe de Estado que el expresidente Evo Morales sufrió un año antes.

Ese proceso permitió imponer en la presidencia a Jeanine Áñez, quien hoy está presa, condenada por su participación en el golpe y, además, es investigada por delitos de lesa humanidad.

Camacho, quien fue uno de los principales impulsores de la ruptura democrática en 2019, quedó en tercer lugar en las presidenciales de 2020 con el 14 % de los votos, después de Arce y de Carlos Mesa. Al año siguiente logró convertirse en gobernador de Santa Cruz, la provincia más rica y conservadora del país.

Desde entonces sigue encabezando la oposición al MAS.

El pasado 25 de agosto, Arce y Morales encabezaron en La Paz una movilización masiva a la que bautizaron como ‘Marcha en defensa de la democracia y la reconstrucción económica’ y en la que denunciaron las supuestas acciones de desestabilización llevadas a cabo por Camacho.

«Respeto a la democracia, es lo que exigimos. A esa oligarquía que nunca ganó elecciones le decimos que si no respeta el voto popular en las urnas, lo haremos respetar en las calles», escribió Arce en ese momento al alertar de los riesgos permanentes que existen en el país.

El pleito del censo

En las últimas semanas, la tensión recrudeció ante la controversia generada por un censo nacional que estaba previsto para el próximo mes y que, con el argumento de que había problemas técnicos, el Gobierno retrasó para 2024. Si se lleva a cabo ese año, los resultados estarán disponibles en 2026.

Camacho exige que el censo se realice en 2023, ya que así los datos estarían disponibles en 2025, que es el año de las próximas elecciones presidenciales, por lo que la información podría servir para redistribuir los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia que integran el Senado y la Cámara de Diputados.

Además, los resultados del censo también pueden impactar en el reparto de los recursos públicos a las provincias de acuerdo con su población.

A fines de septiembre, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo que dirige Camacho advirtió que, si no se adelanta la consulta, comenzarán un paro indefinido el 22 de octubre en Santa Cruz, medida que afectaría la economía de todo el país.

En respuesta, el Gobierno convocó el pasado 11 de octubre a una mesa de diálogo a la que no acudió ninguna autoridad de Santa Cruz, por lo que el viceministro de Planificación, David Guachalla, reiteró su llamado a que el gobernador deponga «esas actitudes de intransigencia».

Según estimaciones oficiales, cada día de paro costaría pérdidas por 36 millones de dólares.

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Sin embargo, Camacho insistió en impugnar el retraso. «El Gobierno se ha empeñado en resolver de manera política este tema del censo, por lo cual, conforme al mandato del cabildo, vamos a empezar a preparar el paro cívico indefinido, una medida muy grande que se realizará en paz, pero con mucha firmeza», confirmó.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró que el gobernador no ha querido explicar los fundamentos técnicos de su exigencia ni tiene intención alguna de dialogar con las autoridades nacionales.

En el mismo sentido se pronunció el vocero presidencial, Jorge Richter, quien aseguró que el Gobierno todavía apuesta por el diálogo, pero sin condicionamientos ni ultimátums como los que quiere imponer Camacho a partir de un punto de vista regional que impacta en la agenda de todo el país.

Los gobernadores de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Tarija, alguno de los cuales son opositores a Arce, se sumaron a las críticas a Camacho al considerar que solo está partidizando una discusión sin tomar en cuenta que el paro afectará a los sectores más humildes.

«(Camacho) debe reflexionar, debe pensar en gestión y pensar en la gente más pobre que tenemos, no solamente pensar en la ciudad sino en todos los municipios; no nos han elegido para hacer huelgas, paros ni para marchar, nos han elegido para trabajar», afirmó Damián Condori, gobernador de Chuquisaca.

Pero Camacho no cede y ya tiene todo listo para comenzar el paro en las primeras horas del próximo sábado.

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