Justicia de Paz pide al Gobierno colombiano garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Gobierno colombiano garantizar la seguridad de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido a que más de 200 han sido asesinados tras la firma del acuerdo para el fin del conflicto armado, en 2016.
La JEP, órgano creado para procesar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado del país sudamericano, publicó un comunicado donde informa que impuso medidas cautelares a los exguerrilleros, luego de constatar que «persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales».
Del mismo modo, instruyó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección llevar a cabo «acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil».
«Grave condición de seguridad»
Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluara la «grave condición de seguridad» y las razones para el traslado 93 personas, entre excombatientes y sus familias, del municipio de Ituango a Mutatá, en el departamento de Antioquia, ante amenazas de muerte. En el municipio antioqueño ya han sido asesinados 11 firmantes del Acuerdo de Paz.
Hasta el 15 de julio, se han reportado 218 exmiembros de las FARC asesinados. Según datos de la Fiscalía, se han emitido 20 sentencias condenatorias, hay 16 casos en juicio, 14 están en proceso de imputación de cargos, 41 en fase indagatoria y dos casos precluyeron tras el fallecimiento del acusado.
El organismo de justicia asevera que esta cifra corresponde a 45 % de los casos mientras que el partido FARC afirma que solo ha habido sentencias en 11 % de los expedientes y que la impunidad es casi de 90 %, recoge El Espectador.
En diciembre pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, informó que 77 exguerrilleros fueron asesinados en 2019, y pidió al Gobierno colombiano que se adoptaran medidas más efectivas para proteger la vida de los excombatientes, teniendo en cuenta que ese año fue «el más violento para los exmiembros de las FARC».
