José Hernández, analista político, se refirió al juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como una crónica de una muerte anunciada, esto pues aseguró que los 70 votos necesarios para destituir a los funcionarios serán fáciles de conseguir.

Así lo dijo este jueves 17 de noviembre de 2022 en el espacio de Entrevistas en 24 Horas del noticiero de Teleamazonas al recordar que el procedimiento fue anunciado en febrero. “Hubo una rueda de prensa con cuatro representantes del correismo, tres del ala rebelde de Pachakutik y tres representantes del Partido Social Cristiano. Justo en la víspera de la elección a Hernán Ulloa a la presidencia en remplazo de Sofía Almeida los tres partidos anunciaron el juicio político”, comentó Hernández.

Los 70 votos los tendrán ampliamente, dijo el analista político tras cuestionar el objetivo de los parlamentarios para poner en marcha el juicio político. “Cabe es preguntarse cuál ha sido el afán y la obsesión de estos partidos por ir tras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

A su criterio los intereses de estas bancadas “son los mismos de siempre”, pues resaltó el poder que existe en las autoridades al tener la facultad de designar representantes en entes de control como Fiscalía, Contraloría. “Imaginemos lo que significa poner gente de las Cortes o tener la posibilidad de poner otras autoridades en todas las instancias de control del país” comentó Hernández.

Y fue enfático: “Aquí priman otros intereses como lo hizo el correismo con Galo Chiriboga y Carlos Pólit, que no vieron ni oyeron nada”.

Sin embargo, resaltó que no hay un informe de la Comisión de Fiscalización para dar conocimiento al pleno de la Asamblea Nacional sobre este juicio. “No se respetaron los procedimientos, no hay informe, se va a reunir mañana el Pleno y basados en qué documentos van a hablar”, comentó el periodista colombiano.

En este sentido dijo que toda operación han hecho de la misma manera: “atropellando procedimientos y atropellando la Ley. Ni siquiera respetando los mecanismos”, dijo Hernández.

Diálogo

La condonación de las deudas vencidas de hasta 10.000 dólares fue durante las protestas del junio pasado la principal demanda de la Fenocin, una de las promotoras de las movilizaciones junto al movimiento indígena.

Esto fue cuestionado por el periodista colombiano al mencionar: “Si desde la sociedad se vive de esa manera quiere decir que cualquiera puede poner un ultimátum al Gobierno sobre cualquier tema”.

También opinó que si existe la misma tónica se deberá aplicar la Ley. “Si en ese marco hay la testarudez de dirigentes sociales que creen que pueden imponerle al Gobierno lo que ellos quieren habrá que aplicar la Ley y me imagino que en algún momento habrá que entrar en un espacio de racionalidad donde los ciudadanos tengamos que aceptar que la sociedad tiene reglas y que nuestros deseos no pueden ser impuestos a la autoridad. Así no funciona la sociedad”, comentó Hernández.