El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Tuárez, dijo este miércoles 14 de agosto del 2019 que el proceso que se lleva a cabo en su contra en la Asamblea obedece a «intereses políticos«.

Además de Tuárez, el juicio político es en contra de Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá. Los cuatro consejeros anunciaron que de censurarlos presentaran el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una acción de repetición.

Tuárez hizo hincapié en que se respete la voluntad popular, señaló que no incumplió las funciones que les asigna la ley. «Fuimos elegidos por el pueblo, para defenderlo y para que haya una verdadera participación».

Sobre las acusaciones de los asambleístas Raúl Tello, Jeannine Cruz y Fabricio Villamar, el titular del Cpccs recalcó que no mintió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para ser candidato, pues cumplió con los requisitos solicitados por el organismo.

«No fui yo quien aprobó la candidatura, fue el CNE quien lo hizo a través de veedurías nacionales e internacionales, mi candidatura fue minuciosa y no incumplí con ninguna norma legal», subrayó Tuárez al ejercer su defensa.

Rosa Chalá dijo que comparece ante el Pleno no como consejera, «sino como una mujer afrodescendiente y representante de luchas sociales«.

«En este juicio se pretende menoscabar mi integridad al no respetar mi elección popular, ¿de qué incumplimiento me acusan?», cuestionó la consejera y presentó ante el Pleno un documento emitido por la Corte Constitucional que certifica que no cometió ninguna falta a la ley.

«No he incumplido mi deber como consejera, haber preparado una inquietud que revise la designación de la corte y de otros organismos nombrados por el transitorio, no constituye infracción alguna», puntualizó Chalá.

Victoria Desintonio manifestó que llega a la Asamblea «juzgada de antemano», criticó a los legisladores diciéndoles que hicieron la campaña por el Sí en la consulta popular de 2017, y que son ahora ellos quienes pretenden coartar las funciones del Cpccs.

La vocal dijo que más allá del juicio político se encuentra el interés de desaparecer al Cpccs. «Es evidente la consigna del Gobierno y de la mayoría del Legislativo: desprestigiar al Consejo, este contubernio, incluido los medios de comunicación, quiere desprestigiar a la entidad y sus consejeros».

A Walter Gómez le sorprende la celeridad con la cual la Comisión de Fiscalización llevo el proceso de juicio político, dijo que debido a esta condición se lo dejó en la indefensión, puesto que no se le permitió defenderse en los tiempos establecidos en la ley.

Sobre las causales del juicio político, Gómez indicó que nunca se creó la comisión que revisaría el proceso administrativo para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional, puesto que en la sesión siguiente, a pedido de conformación de dicho organismo, se retiró la moción.

Calificó al juicio político como «ilegal, ilegítimo e irregular» y aseguró que se trata de una «persecución sistemática», puesto que se vulneró el proceso.

Acto seguido intervino el primer interpelante, el legislador del BADI, Raúl Tello, quien acusa a los consejeros de extralimitarse en sus funciones. «Atentaron contra el principio de seguridad jurídica y la institucionalidad del país, existen claros hechos de probidad notoria de quien preside el Consejo y una afinidad política», argumentó. (I)