El juicio que enfrenta el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado podría tardar alrededor de tres meses en resolverse, lo que afecta aún más la administración municipal.

Según un exalcade y un experto en gobernanza, esto traerá consecuencias en la ejecución de obras.

Le contamos los detalles en el siguiente video

Corte llama a juicio al alcalde de Quito por presunto peculado

Un juez de la Corte Provincial de Pichincha llamó el pasado viernes a juicio al alcalde de Quito y a otros trece procesados por el presunto delito de peculado en la compra supuestamente irregular de pruebas para la detección de la covid-19.

«Jorge Y. es llamado a juicio, junto con los otros 13 procesados, por presunto peculado», indicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter esta madrugada. La Fiscalía presentó más de 80 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio.

«Tras una jornada de más de 14 horas de audiencia, el juez ha resuelto llamarme a juicio; a pesar de que mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio», escribió hoy en Twitter el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

El juez no acogió el pedido de la Fiscalía, que el pasado martes solicitó prisión preventiva para el alcalde de Quito, quien se mostró entonces sorprendido por la solicitud pues aseguró que cumplía con las medidas cautelares de forma estricta, como la presentación periódica ante la autoridad.

Dictamen acusatorio

El fiscal provincial emitió el pasado lunes un dictamen acusatorio contra Yunda en base a varias evidencias como el contrato de emergencia para la adquisición de reactivos de las pruebas PCR Polimerasa, el pago de un anticipo del 70 % por 2,6 millones de dólares ordenados por el municipio, o la partida presupuestaria para la compra.

El Municipio quiteño adquirió esas 100.000 pruebas de detección de la covid-19 en 2020, cuando comenzaba la pandemia.

Sobre los procesados pesan en distinto grado diversas medidas cautelares, como la prisión preventiva, la prohibición de la salida del país; el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia y la presentación periódica ante sede judicial para el regidor.

La Fiscalía ecuatoriana indicó que el supuesto delito de malversación se refiere a la compra de 100.000 pruebas PCR a un costo de 4,2 millones de dólares en un contrato a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la empresa Salumed S.A

«En lugar de las PCR Polimerasa, había recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato», señala la entidad sobre la supuesta adquisición irregular de las pruebas.

El delito de peculado está sancionado con prisión de diez a trece años, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. EFE