Las nacionalidades indígenas waorani y cofán, que habitan en la Amazonía ecuatoriana, presentaron este martes un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador para exigir el cumplimiento de las respectivas sentencias ganadas contra el ingreso a sus territorios de actividades petroleras y mineras.

Una delegación de ambas nacionalidades llegó hasta Quito para presentar a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, al considerar que el Estado ecuatoriano no ha acatado la medidas dictadas en ambos casos por parte de tribunales de las respectivas provincias amazónicas donde se ubican sus comunidades.

Vulneración de derechos

En el caso de los waorani, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pastaza dictaminó en 2019 que hubo una vulneración de los derechos a la autodeterminación y consulta previa libre e informada por parte de la entonces Secretaría de Hidrocarburos.

De acuerdo a este tribunal, el Gobierno nacional realizó en 2012 un proceso viciado con las comunidades waorani al no garantizar el principio de información y libertad de la consulta, entendida y asumida erróneamente por el Estado como un trámite para licitar una concesión petrolera al año siguiente, y no como un derecho indígena.

Concesiones mineras

Mientras, en el caso de los cofán, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó en 2018 revertir 32.000 hectáreas de concesiones mineras otorgadas sin consultar previamente a la comunidad de Sinangoe, a quien el tribunal le reconoció que fueron vulnerados sus derechos al agua, la naturaleza y el medioambiente.

El fallo ordenó al Estado no solo revertir las 20 concesiones mineras activas, sino también cancelar el otorgamiento de 32 nuevas concesiones, así como remediar los impactos medioambientales causados por la actividad ya realizada.

«Aquí estamos todos. Hemos venido desde lejos. No hemos dormido. Hemos llegado hasta Quito para exigir nuestro derecho. Estamos aquí para pedirles a los jueces que se despierten y que se haga cumplir la sentencia», manifestó frente a la puerta de la Corte Constitucional el presidente de la nacionalidad waorani, Gilberto Nenquimo.

Años de espera

Por su lado, el presidente de la comunidad de Sinangoe, Wider Guaramag, lamentó que la vulneración de los derechos de la comunidad continúe cuatro años después de que saliese la sentencia.

«Es una pena decir que llevamos varios años y no ha habido ningún cumplimiento en territorio. La reversión de las concesiones no lo han hecho y la sentencia es súper clara. La sentencia ordena eliminarlas, pero el Gobierno ecuatoriano sólo las tiene suspendidas», apuntó Guaramag.

En representación de Sinangoe también estuvo Alexandra Narváez, miembro de la guardia indígena de la comunidad y ganadora este año del premio medioambiental Goldman, considerado como el Nobel de los defensores de la naturaleza.

«Estamos con mucha indignación porque ya estamos cansados de que siempre tengamos que venir a la ciudad para exigir que se respeten y cumplan nuestro derechos», admitió Narváez.

«No queremos minera, queremos vivir. Queremos un futuro para nuestros hijos. Estamos conectados todos con el territorio y con la vida. Si los pueblos indígenas desaparecemos, ustedes también están en peligro», agregó.

Sentencia para miles de personas

Asimismo, el abogado de la organización Amazon Frontlines, Jorge Acero, recordó que la sentencia a favor de Sinangoe no solo beneficia en términos ambientales a las 55 familias de la comunidad, sino a miles de personas que habitan en las riberas del río Aguarico, como la ciudad de Nueva Loja.

En ese sentido, su colega María Espinosa, también abogada de Amazon Frontlines, aseveró que «hay un Gobierno sin capacidad de cumplir ni de oír» y enfatizó que «las medidas de reparación son muy claras, concretas y específicas». «No cabe discusión. Sólo respeto y cumplimiento», concluyó.

Al acto también asistió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien enfatizó que ahora está en manos de los jueces de la Corte Constitucional garantizar lo que los jueces del sistema ordinario de Justicia de Ecuador resolvieron a favor de las comunidades.

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EFE