La causa judicial por el presunto envío ilegal de armas del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) al régimen de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) en Bolivia se profundizó luego de que el fiscal Claudio Navas Rial recibiera más pruebas e imputara al excomandante de la Gendarmería Nacional argentina, Adolfo Héctor Caliba, ya que fue pieza clave en el operativo que habría permitido que el equipamiento llegara a La Paz en un avión militar.

«La acción penal que emerge de los hechos descriptos en mi anterior dictamen abarca a los sucesos que ahora se revelarían con más detalle (y con apoyo en nuevos elementos)… la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente», señaló un comunicado de la Fiscalía que investiga la denuncia sobre el supuesto apoyo con armamento que recibió Áñez, el 13 de noviembre de 2019, después del golpe de Estado contra Evo Morales.

La fiscalía también precisó que elexcomandante fue sumado a la lista de acusados «en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados».

Navas Rial ya había imputado a Macri, a sus exministros de Seguridad, Patricia Bullrich; Defensa, Oscar Aguad; Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, y al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero, entre otros exfuncionarios.

Ahora, el fiscal avanzó en el caso después de recibir nuevos elementos presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; el titular de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; y la ministra de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. Las nuevas pruebas, consideró, «permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada», es decir, la denuncia por contrabando agravado de armas y municiones.

En su presentación, los funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández revelaron el hallazgo en depósitos de la Policía de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo presunto contrabando investigan Navas Rial y el juez Javier López Biscayart.

Además, aportaron documentación oficial interna que reforzaría la acusación. Por otra parte, aseguraron que para poder llevar el cargamento, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas para reportar que el armamento sería destinado a la seguridad y protección de la embajada argentina en La Paz y de sus ocupantes, lo que no era cierto porque parte de los 70.000 cartuchos se desviaron y terminaron en manos de las fuerzas de Seguridad que estaban bajo el mando de Áñez y que cometieron violentas represiones.

Otra anomalía para justificar el desvío del material es que la Gendarmería reportó que las municiones jamás volvieron al país porque fueron usadas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro, lo que fue negado por los efectivos que ya fueron indagados. Además, parte de esa provisión ya fue encontrada en depósitos de la Policía boliviana.

Tensión

Mientras la causa avanza, tanto Macri como sus exfuncionarios comenzaron a diseñar su estrategia de defensa.

En el caso del expresidente, el portal de elDiarioAr reveló que el juez López Biscayart rechazó un pedido de Macri para frenar la investigación interna que está llevando a cabo el Ministerio de Seguridad para descifrar el origen del armamento y la cronología precisa de cómo terminó en Bolivia.

La justificación de Macri es que esta investigación no garantiza su derecho de defensa, pero el juez aclaró que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Poder Ejecutivo.

Se prevé que en los próximos días se den a conocer los testimonios de los gendarmes y de los miembros del Grupo Alacrán, el equipo de élite que viajó con el armamento. Todos ellos son pieza clave para descifrar qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

Por otra parte, los exministros de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores se reunieron la semana pasada con el abogado de Macri, quien se encuentra varado en Europa debido a las restricciones impuestas en Argentina por la pandemia de coronavirus.

En la cita, de acuerdo con filtraciones periodísticas, cada funcionario alegó inocencia y expuso qué sabían y qué papel habían desempeñado en el operativo.

Además de insistir entre ellos mismos que nunca apoyaron el golpe de Estado, término que incluso ponen en discusión, argumentaron lo que ya habían dicho en los medios: Bullrich afirmó que mandó a los gendarmes, pero solo para custodiar la embajada y ni siquiera sabía con qué armamento habían viajado. Faurie aseguró que no sabía nada porque no le mandaron la carta oficial en la que un excomandante le agradecía la entrega de las armas al exembajador argentino en Bolivia. Aguad también se deslindó por completo.

Pruebas

El pasado 8 de julio, el canciller boliviano Rogelio Mayta denunció que el pasado Gobierno de Macri había enviado armamento a Áñez. Como prueba presentó una carta en la que el general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, quien hoy está procesado por sedición, le agradecía al entonces embajador argentino Normando Álvarez García por haber mandado «material bélico», consistente en 40.000 cartuchos, 18 gases lacrimógenos y 71 granadas de gas.

La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe contra Morales y cuando la exsenadora ya se había autoproclamado como presidente con el respaldo de las fuerzas Armadas y de Seguridad.

En estas tres semanas, gracias a la denuncia, ya se descubrió que el 11 de noviembre de ese año la Gendarmería argentina solicitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados la autorización para enviar a La Paz armas y municiones, con el fin de reforzar la protección de la sede de la embajada en medio de las protestas y la violencia política que enfrentaba el país.

Envío ilegal de armas de Argentina a Bolivia: pruebas, deslindes y contradicciones que ponen en jaque a Macri y a sus exministros

El 12 de noviembre, el mismo día que asumió Áñez, Gendarmería aumentó la lista del material que sería enviado a Bolivia. Sumó 70.000 cartuchos antitumultos, 100 gases pimienta y 661 granadas de gas, pero las autoridades solo autorizaron los cartuchos. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Policía boliviana autorizaba el ingreso de 3.600 cartuchos calibre 12-70.

Con los trámites avanzados en los dos países, por la noche salió de Buenos Aires un avión Hércules C-130, del Ejército argentino que, de acuerdo con los registros, llevaba los cartuchos pero también el gas lacrimógeno que no había sido autorizado. En el caso de las granadas, fueron selladas como no embarcadas, pero hay indicios de que, de todas formas, las metieron en la nave. El cargamento también incluía chalecos antibala, cascos, visores nocturnos, binoculares, ametralladoras, fusiles y detectores de metales.

Las cifras entre lo que se pidió y autorizó en Argentina y lo que se reportó y entregó en Bolivia no coinciden. Tampoco las versiones de los exfuncionarios, que primero negaron cualquier envío de armas y luego, ante las evidencias, insistieron en que eran para proteger a la embajada.

Cecilia González