El asambleísta Ricardo Vanegas y el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Hernán Ulloa analizan en las entrevistas de Teleamazonas este lunes, 21 de noviembre del 2022, la destitución y censura de cuatro consejeros del Cpccs con 85 votos en el pleno de la Asamblea Nacional.

El asambleísta Ricardo Vanegas empezó su intervención señalando que él advirtió antes de la instalación del pleno sobre su posición de los tiempos en un proceso jurídico. “Cuando los tiempos precluyen en un proceso no hay como subsanar ese error procesal en la siguiente etapa. Fue una resolución inadecuada llamarlos a juicio porque el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a procesos de fiscalización y estos procesos son los que se realizan antes de que se inicie un juicio”, dijo Vanegas.

Vanegas enfatiza que en este proceso previo es donde se recaban las pruebas y ahí con estos insumos se pide el inicio de un juicio. Ya durante el juicio la Ley establece los plazos y señala que “los plazos no se cumplieron y no podía el pleno entrar a resolver sin una resolución que diga que se inicie el juicio, sin una resolución de archivo, sin las actas de votos individuales y sobre todo sin expediente”, recuerda el asambleísta.

Vanegas señala que ante estas actuaciones “todas las pruebas que fueron actuadas en la parte previa carecen de valor jurídico”.

Hernán Ulloa presentará acción de protección

El expresidente del Cpccs, Hernán Ulloa por su parte señaló que en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional advirtió no había informe para cuestionar y enjuiciar a los cuatro consejeros. “El señor secretario dijo no hay informe. Y eso es una vulneración al estado de derecho; que autoridades nacionales hayan sido enjuiciadas sin un informe de la Comisión de Fiscalización, habiendo vulnerado los plazos fatales que establece la ley; porque esto ya no es un proceso de fiscalización donde simplemente se piden documentos tienes que esperar las respuestas; esto es parte del control político y no cabe en lo absoluto la aplicación del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, enfatiza Ulloa.

“Aquí hay que defender el derecho” señala Ulloa y dice que “no es posible que los legisladores no hayan tomado en consideración que el (artículo) 142 no es aplicable para una situación como la que se estaba dando enjuiciando a autoridades nacionales sin el respeto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin el respeto a la Constitución, sin el respeto más mínimo a los plazos y otras normas constitucionales”, dijo el expresidente del Cpccs.

Hernán Ulloa señaló que va a presentar una acción de protección en Quito. Lo hará “con la esperanza que los jueces sepan que ellos no están sometidos al control político, y que es hora de poner un freno a tanta sinvergüencería que ocurre en la Asamblea Nacional”.

La defensa ilusoria

Ricardo Vanegas señala que lo que sucedió en el pleno con los cuatro consejeros es lo que en Derechos Humanos internacional se conoce como “la defensa ilusoria; es decir le hacen creer a los cuatro consejeros que van al control político, pero de antemano saben que (los van a sancionar) es decir no les van a dar ningún derecho a defenderse y ahí se ha violado evidentemente el debido procedimiento, el derecho a la defensa sin limitaciones”, recuerda el asambleísta.

Vanegas recuerda también que en este proceso hay otro hecho agravante: “durante el desarrollo del proceso muchas veces la Asamblea no tuvo cuórum”, dijo.

Sobre el incumplimiento de funciones

Sobre lo que motivó el juicio político, el supuesto incumplimiento de funciones, el asambleísta Vanegas señala que “hay una equivocación”, porque advierte que “una facultad legal que tienen los consejeros (del Cpccs) es la de reformar los reglamentos. Y uno no puede ser sancionado por reformar lo que la Ley le permite hacer”, sostiene.

“Aquí la culpa es de la propia Asamblea, no de los señores. Pero como el objetivo primario que motivó la alianza de UNES y los social cristianos (PSC) era tumbar a Lasso, tumbar al Consejo de la Judicatura, tumbar a Llori, a Guamaní y tumbar a los cuatro del Consejo de Participación Ciudadana porque obviamente esos son los que no son amigos de ellos; y los necesitan sacar para recuperar votos”, señala Vanegas.