¿Hacia otro golpe de Estado en Bolivia? Las preocupantes señales de 2019 que se repiten en las protestas contra Luis Arce
Las protestas, el paro y las movilizaciones que han llevado a cabo los opositores las últimas semanas en Bolivia recuerdan de manera directa los sucesos que desencadenaron el golpe de Estado de 2019.
La fiereza con que los manifestantes linchaban en Potosí hasta la muerte a un seguidor del gobierno, la actuación de los siempre rabiosos comités cívicos y finalmente la derogación de la ‘ley madre’, la supuesta causante de las protestas. Todo ello se parece demasiado a los acontecimientos que depusieron al presidente Evo Morales hace ya dos años.
Es difícil pensar que el problema de fondo no sea el mismo: sectores étnicos, sociales y económicos de poder que no aceptan un Gobierno indígena o progresista.
El principal problema que afronta el presidente Luis Arce, así como lo tuvo Evo Morales, es que las Fuerzas Armadas y la Policía han sido uniformemente permisivas en los ataques opositores y en 2019 duramente represivos contra las manifestaciones de rechazo al golpe.
La oposición radical en nada ha cambiado. Ni la prisión a Jeanine Añez por su papel en el golpe ni la derrota electoral de 2020 han modificado sus objetivos esenciales: derrocar al presidente boliviano.
Hay razones para pensar que el escenario golpista sigue latente. Aquí tratamos de comparar los factores de poder en ambas coyunturas, la de 2019 y la de este noviembre.
1. La oposición
En aquella ocasión, el Gobierno de Morales cayó con suma facilidad, mientras sus líderes fueron linchados y perseguidos casi sin capacidad de maniobra, siempre desde la mirada permisiva de unas Fuerzas Armadas y policiales que cada vez que pudieron mostraban su rechazo no solo al Gobierno, sino a la cultura indígena.
Basta recordar cómo el líder cruceñista de derecha Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, tomó sin resistencia alguna el Palacio de Gobierno, y cómo la alcaldesa Patricia Arce fue linchada públicamente sin la mínima respuesta policial, mientras el Ejército respaldaba a la autoproclamada Jeanine Añez y perpetuaba las matanzas a manifestantes en Sacaba y Senkata.
Dos años después, Camacho sigue en sus trece. El 7 de octubre pasado fue citado por la Fiscalía para declarar sobre los sucesos del golpe, pero al líder racista no le gustó. «Como lo dijimos en los días de paro, y como ellos pensaron que la llama se apagó, obviamente hoy en día hemos demostrado que esa llama sigue encendida. Y ojo, de rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios cuando consigamos el objetivo, porque no nos van a ganar y este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros«, comentó en una clara comparación entre el golpe de 2019 y esta nueva serie de protestas.
La oposición radical en nada ha cambiado. Ni la prisión a Jeanine Añez por su papel en el golpe ni la derrota electoral de 2020 han modificado sus objetivos esenciales: derrocar al presidente boliviano, y si para ello necesitan infundir terror, pues lo harán.
2. El Gobierno
Las recientes protestas recuerdan que el Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, pudo volver al Gobierno en 2020 tras el golpe de Estado, lo que no significa que tenga el poder suficiente para gobernar.
El mejor ejemplo lo representa el motivo y las consecuencias de las protestas. La exigencia de derogación de la ‘ley madre’, llamada oficialmente Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, finalmente tuvo que ser derogada debido a la presión en las calles.
Con estas jornadas se acaba la luna de miel que había tenido Arce, sustentada por la debilidad post-golpista de los sectores radicales. Ahora, se visualiza un Ejecutivo muy débil, al que le cuesta dar pasos decisivos y siempre actuando con enorme desconfianza de sus Fuerzas Armadas.
3. Las Fuerzas Armadas
Después de la vuelta del MAS al Gobierno, por medio de las presidenciales de 2020, ocurrieron varias detenciones a importantes cuadros militares debido a su participación en el golpe de Estado.
Entre los detenidos o judicializados se cuentan el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, el general Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; el almirante Gonzalo Jarjuri, exjefe de la Armada; el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, además de una decena de militares.
Existe temor a que el anti-indigenismo y la ideología racista de derecha haya cundido en los cuadros armados, altos y medios, y que estén dispuestos nuevamente a seguir los dictámenes de estos sectores radicales.
A pesar de estas detenciones, vuelven a abrirse dudas sobre la posición que tendrán los militares y policías de avivarse una nueva coyuntura golpista, especialmente cuando el presidente ha tenido que pedir públicamente a las fuerzas policiales que impidan el avance de las movilizaciones violentas y luego que la semana pasada removiera a cinco comandantes departamentales.
La manera uniforme, sin excepciones de ningún tipo, de cómo participaron en 2019 las fuerzas armadas y policiales hace temer que el anti-indigenismo y la ideología racista de derecha haya cundido en los cuadros armados, altos y medios, y que estén dispuestos nuevamente a seguir los dictámenes de estos sectores radicales.
4.- El MAS y los movimientos sociales
Finalmente, el discurso incendiario del vicepresidente, David Choquehuanca, que en medio de las protestas amenazó: «Todo tiene su límite. ¡Que no despierten la ira del inca!», hizo recordar al ministro de Evo, Juan Ramón Quintana, quien en funciones predijo que Bolivia se convertiría en un nuevo Vietnam si el golpismo tenía éxito.
En ambos casos, estos discursos han quedado en ridículo, puesto que no han tenido la menor resonancia y más bien ha terminado sucediendo lo contrario.
En 2019, el golpe se consumó y las respuestas populares fueron muy débiles para contrarrestarlo. En 2021, la ley en cuestión tuvo que ser derogada.
Ni la ira del inca ni la amenaza de vietnamizar han logrado paralizar las movilizaciones rupturistas, por el contrario, las han avivado, por lo que se entiende que la situación en Bolivia no es para juegos radicales, sino para estadistas que comprendan la incapacidad del indigenismo de crear hegemonía en torno al Ejército y la Policía.
El conflicto en Bolivia parece que se prolongará por largos años. Más allá de las urnas,ningún actor tiene la suficiente fuerza para vencer al otro. La calma posterior a las protestas no engaña a nadie. Lo único seguro es que vendrán nuevas coyunturas.
Ociel Alí López
Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
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