Agregó que su plan es «terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles».

Sobrepoblación carcelaria

En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos (30% de sobrepoblación). Del total, 15.000 están sin sentencia.

Lasso señaló que el lunes firmó un decreto, mediante el cual estableció «las condiciones para el indulto y que sean los jueces los que resuelvan el indulto bajo los parámetros establecidos» por esa vía.

El Ejecutivo también impulsa una denominada Política Pública de Rehabilitación Social, que con un presupuesto inicial de 27 millones de dólares desarrollará planes de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social y derechos humanos para los reclusos.

Las penitenciarías ecuatorianas fueron en 2021 escenarios de cruentos enfrentamientos por el poder entre presos miembros de bandas vinculadas al narcotráfico, que dejaron más de 320 fallecidos en masacres carcelarias de las peores de Latinoamérica.

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Lasso manifestó que el decreto conducirá al «indulto para reducir el hacinamiento en las cárceles y también para proteger a muchos ciudadanos inocentes que han cometido delitos menores, que cometieron errores en su vida, pero que no pueden ser sujetos al chantaje, a la presión» en los reclusorios.

Señaló que el documento presidencial fue consensuado con la Corte Constitucional y la Fiscalía.

El beneficio será para los presos con condenas por robo, hurto, estafa o abuso de confianza, según la prensa nacional.

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