En Ecuador se ha desatado una nueva controversia política, en esta ocasión en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo estatal que forma parte de la función de Transparencia y Control Social en el país suramericano.

Este organismo tiene entre sus funciones el establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público; así como la designación de las autoridades de otras dependencias, como la Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y de las Superintendencias.

El organismo esta conformado por siete consejeros que, desde 2018, son elegidos mediante votación popular. Sus miembros actuales son: Sofía Almeida, David Rosero, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Juan Javier Dávalos, Francisco Bravo y Hernán Ulloa Ordóñez.

La presidencia y vicepresidencia del organismo recaía en Almeida y Rosero, respectivamente, cuyo mandato vencía en junio de 2023.

Este miércoles, la sede del CPCCS, ubicada en Quito, amaneció rodeada de un fuerte contingente de la Policía, ente regulado por el Ministerio de Gobierno. Al lugar llegaron los consejeros Ulloa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira que se autoconvocaron y reinstalaron la sesión permanente 3, que se inició el pasado 26 de enero, y resolvieron tratar una de las mociones que estaba incluida en el orden del día para remover del cargo de presidenta a Almeida.

Así, con el contingente policial afuera, estos cuatro consejeros resolvieron remover a Almeida y a Rosero de sus cargos y en su lugar nombraron a Ulloa como presidente y a Rivadeneira como vicepresidenta del organismo.

Acción judicial en curso

La sesión que había iniciado el 26 de enero era conducida por Rosero. El miércoles, este consejero se conectó a través de Zoom a la reunión que sostenían los cuatro consejeros que llegaron a la sede del CPCCS y, aunque no votó, señaló que la sesión era ilegal y que no había convocado la reinstalación de la plenaria porque hay acciones judiciales que deben resolverse.

Con ello, Rosero se refirió a acciones de protección que impulsa Almeida para evitar la discusión de su remoción.

En efecto, la jueza Karly Vargas, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, en la provincia de Guayas, emitió una medida cautelar que impedía tratar en esta sesión permanente la discusión de la remoción de Almeida; sin embargo, esa decisión fue revocada por Larissa Ibarra, jueza de la misma unidad judicial.

Pese a ello, todavía está pendiente que se resuelva una acción de protección similar que se interpuso en una Unidad Judicial de Ibarra, en la provincia de Imbabura.

Los reclamos

Luego de la sesión, Ulloa informó, mediante su cuenta en Twitter, que recibió una notificación de parte del Ministerio del Trabajo donde se le reconoce como el presidente del CPCCS.

En contraparte, Almeida, en una primera denuncia pública informó que a estos cuatro consejeros «por norma jurídica» no les correspondía hacer la reinstalación de la sesión.

Posteriormente, Almeida, Rosero y Dávalos ofrecieron un mensaje en la madrugada de este jueves en el que denuncian que «el Gobierno está violentando la independencia de funciones, el debido proceso y la democracia de manera autoritaria y dictatorial».

En su mensaje acusaron de «golpistas» a Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán. Señalaron que lo que buscan es «apoderarse» del CPCCS para «imponer a dedo a los acólitos del Gobierno».

También enviaron un mensaje al presidente del país, Guillermo Lasso, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto: «Usted se ha reconocido respetuoso de la Constitución y la ley; le pido que exija a sus funcionarios que respeten la autonomía y la independencia del quinto poder del Estado».

Asimismo, pidieron a los ministros de Gobierno y Trabajo, Alexandra Vela y Patricio Donoso, respectivamente, «detener sus actos de intromisión».

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También llamaron a la Asamblea Nacional, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general para que «fiscalicen, observen y vigilen estos actos atentatorios a la Constitución por parte del Gobierno nacional».

Pedido de juicio ante el Parlamento

Justamente un día antes, el martes 8 de febrero, legisladores de varias bancadas, como Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik (PK), presentaron la solicitud de un proceso de juicio político en contra de los consejeros del CPCCS Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán.

En conferencia de prensa, la asambleísta Mireya Pazmiño, de Pachakutik, indicó que el juicio político sería por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado, que había sido aprobado en agosto pasado.

«Hemos visto cómo han estado eligiendo de manera ilegal, quieren hacer faltando el debido proceso. Se están yendo por encima del país. Tenemos cerca de 80 firmas, de todas las bancadas, excepto de la bancada del Gobierno (CREO). Con este respaldo estaremos llevando la fiscalización», dijo Pazmiño.