Gobierno instalará mesas de diálogo sobre temas de interés en Carchi
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó en su cuenta de Twitter a los últimos acontecimientos ocurridos durante el paro en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia.
La Secretaria de Estado dijo «que para hablar con el Gobierno no se requieren medidas de fuerza. La violencia afecta a la población, sus bienes y su economía«.
Además, recalcó que se ha propuesto que, desde el miércoles, distintos ministros instalen mesas de diálogo para analizar los temas de interés de la provincia.
#Carchi
Para hablar con el #GobiernoDeTodos no se requieren medidas de fuerza. La violencia afecta a la población, sus bienes y su economía.
Hemos propuesto que, desde el miércoles, distintos ministros instalen mesas de diálogo para analizar los temas de interés de la provincia.— María Paula Romo (@mariapaularomo) September 27, 2019
También se refirió al tema el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. En un entrevista con un medio local, el funcionario dijo que se trata de «una decisión desmedida y los mayores perjudicados son los propios carchenses».
«Deberíamos estar unidos tratando de resolver no solo los problemas del Carchi, sino del país que son inmensos», apuntó Sonnenholzner. Añadió que «pese a no ser nuestra competencia, se han destinado $ 1.500 millones para infraestructura básica de agua potable y saneamiento en distintas provincias«.
«El prefecto del Carchi conversó conmigo la semana pasada, los alcaldes están permanentemente en conversaciones con el Gobierno. Esas actitudes deben quedar en el pasado, no son necesarias, al contrario, perjudican a los ciudadanos», enfatizó en la entrevista.
«Hemos demostrado que somos un Gobierno que está dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Despilfarrar el dinero, ser irresponsable con los recursos públicos, es tremendamente incorrecto», @ottosonnenh. #GobiernoEnAcción@teleamazonasecpic.twitter.com/8DqCjjzhBk
— Vicepresidencia (@Vice_Ec) September 27, 2019
Debido a las protestas– que este viernes 27 de septiembre entró en su cuarto día– en la provincia un fuerte contingente de fuerzas de seguridad y militares han sido desplegados.
Unos 200 efectivos policiales y alrededor de un centenar de militares tuvieron que emplear medios antidisturbios para dispersar a cientos de manifestantes que se habían autoconvocado para tomar la sede de la Gobernación, en Tulcán, y el Aeropuerto Luis A. Mantilla, en desuso.
En ambos puntos los manifestantes arrojaron piedras, especialmente contra el edificio de la Gobernación, donde se produjeron desperfectos y hubo algunos heridos entre los agentes del orden y los propios manifestantes, recogió la agencia EFE.
El enfrentamiento, en el que los efectivos emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados, concluyó después de que un dirigente estudiantil llamara a los manifestantes a desistir de que tomaran la sede y se colocara un candado en el acceso.
En paralelo, otro grupo de manifestantes acudió al mencionado aeropuerto tras difundirse el rumor de que llegaba un vuelo que traía miembros del Ejército para aplacar las protestas que se iniciaron el martes. En este escenario también se registraron forcejeos.
A lo largo de las protestas tanto el paso internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, como varias vías de la provincia, que comprende seis cantones, fueron bloqueadas.
Las manifestaciones en Carchi han dejado hasta ahora 16 personas detenidas. La tarde del jueves 26 de septiembre estaba prevista la audiencia de contravenciones, la misma fue declarada reservada. Trascendió que algunos ya fueron liberados.
El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, explicó que la Asamblea Ciudadana por la Dignidad del Carchi, que incluye sectores económicos, políticos, sociales y gobiernos locales, inició el martes la movilización abierta e indefinida en toda la provincia para exigir al Gobierno nacional que atienda sus reclamaciones.
Entre ellas, figura la puesta en marcha de un plan de reactivación económica que «contenga medidas legales» y refirió que «hace más de un año que se aprobó una ley de desarrollo fronterizo» que-según ellos- ha sido incumplida por el Ejecutivo.
Al iniciarse la movilización el martes, la Policía ecuatoriana informó de que se había establecido un puesto de mando unificado junto con las Fuerzas Armadas y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, para seguir las protestas convocadas por varios sectores. (I)