Gobierno de facto boliviano anuncia querella contra Evo Morales por investigar un caso de terrorismo en 2009
El ministro del gobierno de facto boliviano, Arturo Murillo, anunció este miércoles una querella contra quien resulte responsable del proceso judicial por terrorismo que inició en 2009 la Administración de Evo Morales y que, tras once años, fue cerrado ayer.
«En mi condición de ministro de gobierno [de facto], estoy preparando la querella contra todas y cada una de las personas que trabajaron en montar ese caso, como políticos, militares, abogados, curas, sacristanes», dijo Murillo en conferencia de prensa, según información de la agencia ABI.
El ministro de facto apuntó contra el mandatario depuesto, Evo Morales, así como a exfuncionarios de su Gobierno, como el exvicepresidente, Álvaro García Linera, y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
#ANF#Último Ministro de Gobierno, @ArturoMurilloS anuncia que está preparando una querella contra Evo Morales, Álvaro García Linera, Raúl García y Juan Ramón Quintana y contra todos los que “idearon” el caso Terrorismo, actualmente cerrado. pic.twitter.com/g1a0fDcAR6
— Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) February 5, 2020
El anuncio de Murillo llegó un día después de que el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz determinara la absolución de 39 acusados del denominado caso ‘Terrorismo’, debido a que el Ministerio Público (con autoridades impuestas tras el golpe de Estado a Morales) retiró su acusación en el proceso.
«El Tribunal ha determinado que quedan absueltos de pena y responsabilidad los encausados», anunció el fiscal Marco Antonio Rodríguez.
El caso de ‘terrorismo’
El gobierno de facto de Bolivia, que asumió el poder tras el golpe de Estado a Evo Morales, desistió de la acusación por terrorismo contra 39 personas, incluyendo Gary Prado Salmón, un militar retirado que capturó a Ernesto ‘el Che’ Guevara en Bolivia en 1967.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó un operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, que dejó tres extranjeros muertos (el húngaro boliviano Eduardo Rozsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer) y dos más detenidos (el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó).
Las autoridades bolivianas informaron que el operativo había sido para capturar a una célula terrorista que buscaba la separación de la región de Santa Cruz y atentar contra Morales y contra el entonces vicepresidente García Linera.
En 2009 se inició el proceso judicial por el caso ‘terrorismo’. Mario Tadic y Elöd Tóásó se sometieron a una causa abreviada y fueron condenados a 5 años y 10 meses de prisión, mientras que otras 33 personas fueron detenidas durante el juicio, quienes fueron absueltas el martes tras la resolución del Tribunal de Santa Cruz.
El Gobierno de facto de Bolivia ha señalado que se trató de una «acusación falsa» por parte de la Administración de Morales que, a juicio de Murillo, tenía como objetivo perseguir políticamente a opositores de Santa Cruz.
Contexto electoral
No obstante, la nueva querella contra Morales se da en medio del proceso de las elecciones generales de Bolivia, que se realizarán el próximo 3 de mayo, y en donde el gobierno de facto ha perseguido judicialmente a los exfuncionarios del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales.
En diciembre pasado, la Fiscalía de facto de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el mandatario depuesto por los supuestos delitos de «sedición», «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo».
Desde su refugio en Argentina, Morales ha señalado que la orden de aprehensión responde a un dictamen de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, quien tras asumir de facto temporalmente el Gobierno, finalmente anunció que buscaría la Presidencia al presentarse como candidata en los próximos comicios.
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