Es boliviana de nacimiento, pero ecuatoriana de corazón. Socióloga con posgrados en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, en Flacso de Argentina, y PhD. en Ciencias Sociales en Francia. También docente y consultora internacional, autora de libros y artículos. Ha recibido el Premio Nacional Manuela Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito.

Gloria Ardaya habló con este Diario sobre su libro Corrupción e impunidad en el Ecuador de la década perdida. Además, explicó cómo el exmandatario Rafael Correa creó “una estructura legal para ocultar los negociados en las empresas públicas”.

¿Qué expectativas tiene sobre la conformación de la comisión internacional del Gobierno de Lenín Moreno para luchar contra la corrupción?

Es muy interesante, aunque llega un poco tarde. Es importante que la sociedad ecuatoriana sienta que hay una verdadera voluntad política para enfrentar ese flagelo. La corrupción es un mal universal, atraviesa países desarrollados, clases sociales, género, temas étnicos y etarios. Es un problema antiquísimo, puede estar presente en la gestión política y en las políticas públicas.

Lo importante es implementar controles debidos del Estado, de la sociedad y de la política. Esos controles deben ser permanentes y generar sanciones. Lo que más afecta a la ciudadanía es la impunidad de estos hechos de corrupción que, como todos sabemos, se agudizaron en la década pasada. Hay que sancionar y conseguir la devolución del dinero robado para hacer obra pública.

En su libro usted dice que existe el patrimonialismo público al referirse a lo ocurrido en el exgobierno.

Hay funcionarios que creen que la cosa pública tiene que beneficiarlos de manera personal.

¿Qué tipo de corrupción encontraron en su investigación sobre el régimen anterior?

A través de la información a la que tuvimos acceso descubrimos cuatro tipos de corrupción: aquella que se da de Estado a Estado. Es la más cuantiosa y clandestina, hay uso discrecional de los créditos. La segunda es entre el Estado central y los gobiernos locales en la obra pública en las provincias.

La tercera es entre el Estado central y el Estado desconcertado, es decir, en las oficinas del Gobierno en provincias. Y, la última, es la corrupción en los municipios. En esos casos, la corrupción depende de la inversión que se hace en obra pública. Esa obra en muchas ocasiones es innecesaria, incluso nadie pidió que se construya. Pero se impuso para apropiarse del dinero público.

¿El hiperpresidencialismo alimentó ese flagelo?

Primero hay que posicionar la corrupción en la agenda pública para que esos hechos no vuelvan a ocurrir y tengan sanción. En el anterior régimen, el presidencialismo exacerbado tenía una clara negación entre lo que se decía y lo que se hacía. Correa sostenía que su gobierno era de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, pero construyó un discurso para tapar cómo se generalizó la corrupción. También la legislación y otros medios blindaron la corrupción y sus principales ejecutores que siguen en la impunidad hasta hoy.

¿El despilfarro de los recursos públicos puede considerarse como corrupción?

Sí, el uso discrecional de los bienes públicos, que implican entre el 2% y 4% del PIB, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por ejemplo, se despilfarró en eventos sin objetivos en la gestión de la política; en el turismo ideológico y estatal, en la endogamia política y la endogamia familiar. Es decir, se colocó a los familiares en cargos públicos para apropiarse de los bienes públicos.

¿Qué pasó con la corrupción en los municipios?

La corrupción es de un hecho personal de un funcionario, hemos observado que en muchos casos depende de la calidad ética y moral del servidor público. No todos los correístas robaron, hay funcionarios que ejercieron bien su cargo. En Guayaquil, por ejemplo, hay más benevolencia para la corrupción que en Cuenca o Quito. La explicación es que en el puerto principal la gente percibe menos esos hechos en la obra pública.

¿Qué papel jugó la falta de transparencia en las instituciones públicas?

Si no se informa cómo se utilizan los bienes públicos puede hacer mañosearías en la oscuridad y el anonimato. En Ecuador hay muchos ejemplos de eso, contratos de Estado-Estado. No sabemos cómo se ejecutaron ni gestionaron los créditos para la obra pública.

¿Cómo hacer una vigilancia estrecha del poder?

A través de los mecanismos políticos, sociales e institucionales. Está la Fiscalía y la Contraloría, se requiere que ambos organismos funcionen mucho. En el exgobierno se debilitaron las instituciones e hicieron que no existan porque la persona estaba por encima de ellas.

¿Cuáles son los mecanismos de control de la ciudadanía?

Hay tres formas: control vertical, horizontal y social. El primero es cuando ejercemos la sanción, a través de nuestro voto e impedimos que los corruptos sean electos.

El control horizontal se realiza, por los propios mecanismos del Estado, la Asamblea, Fiscalía y ministerios. Y el control social se ejerce a través de las organizaciones sociales. En la década pasada, la prensa ejerció ese control, pero creo que la sociedad no les agradeció lo suficiente. Los medios y los periodistas denunciaron la corrupción.

Correa cooptó las organizaciones sociales y gremiales y estas ejercieron muy poco control. Las organizaciones políticas tampoco ayudaron a ese control. Los partidos y movimientos deben fortalecerse y no olvidar que su obligación es defender los intereses de los ecuatorianos.

Hay alrededor de 14 instituciones del Estado para combatir este flagelo. ¿Se necesitan más?

Hay hasta una función del Estado para combatir la corrupción. También suficientes leyes, el problema es que no hay control, ni la necesidad de fortalecer esas instituciones para que estén al servicio de la sociedad y no de intereses personales. Lo importante es volver a crear la comunidad política y desterrar el individualismo.

Es decir, saber que estoy en la gestión pública para velar por los intereses comunitarios y no por los míos. La corrupción no es solo apropiarse del dinero del Estado, sino ejercer un cargo público para el cual no se está capacitado. Eso es una responsabilidad muy grande del que elige y del que ejerce; del que vota y del que se postula.

La lucha contra la corrupción debe ser integral e involucrar a todos. Es integral, necesita de voluntad política, del sistema de justicia y de controles de los que hemos hablado. Es una lucha internacional y nacional porque los necesitamos para la repatriación de los capitales. Aún no se ven los resultados porque no ha funcionado la integralidad; todas las instituciones deben tener el mismo objetivo y marchar al mismo ritmo.

La impunidad crea frustración en los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer?

Es muy complicado y deslegitima las tareas que se hacen en contra de la corrupción. La gente dice que le piden denunciar, pero da lo mismo hacerlo o no porque no se ven resultados inmediatos. La corrupción no solo quita los bienes públicos destinados a los más pobres, sino que debilita la democracia y la vacía de todos sus contenidos. Y le roba a la política la ilusión de que vivimos en una comunidad. (I)