La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó la medida de prisión preventiva para Rafael Correa, durante la audiencia de vinculación de 22 personas, entre ellas el exmandatario, al caso Sobornos 2012-2016.

La prisión preventiva fue solicitada también para el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Walter S. y Vinicio A., así como para Yamil M. (exasesor de María de los Ángeles D.).

Además solicitó la captura de los involucrados a través de la Interpol.

En la audiencia, Salazar presentó11 elementos de convicción en contra de Correa, entre ellos un cheque por un valor de $ 6000 que fue depositado en la cuenta del exmandatario el 16 de mayo del 2014.

Para la Fiscal General, Correa lideraba la red de sobornos, la cual calificó como «organización criminal». Según la investigación del Ministerio Público, empresas contratistas con el Estado entregaron más de $ 15 millones para las campañas de Correa y de Alianza PAIS.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente, señaló que no hay evidencias de las acusaciones de la Fiscalía. Sobre el cheque dijo que Correa «fue beneficiario de un crédito que lo canceló en doce meses en cuotas mensuales».

«Es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por 6.000 dólares», comentó al señalar que en el proceso se debe determinar el origen de los fondos, que él considera que no es ilegal.

Y en declaraciones a los periodistas añadió: «No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata (dinero) mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal».

En su cuenta de Twitter, el expresidente sostuvo que tenía un «recurrente sobregiro» y que «pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales)».

En el transcurso de la jornada, el Ministerio Público presentó, primero, 15 elementos generales del caso que tiene 65 mil fojas y más de 450 cuerpos procesales. Luego debía continuar con la individualización de los elementos para el resto de personas que pidió sean vinculadas al caso. Una de ellas es la actual legisladora Viviana Bonilla, entre otros.

Vanesa Savala, abogada de Vinicio A., indicó que en la audiencia la fiscal no ha señalado de qué modo su defendido presuntamente se aprovechó de su función pública para permitir algún tipo de beneficio.

«Mal podría pretenderse imponer medidas de orden punitivo porque el derecho penal no puede ser ejercido de forma antojadiza», comentó poco después de que se declarase un receso en la audiencia.

Hasta el momento están formalmente vinculados el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M. y la exministra María de los Ángeles D. Ambos tienen prisión domiciliaria. También son acusadas y se encuentran detenidas la exasesora presidencial, Pamela M. y su asistente Laura T. (I)