El Ministerio Público de Venezuela desveló este viernes una trama de corrupción dentro de la empresa estatal Lácteos Los Andes, que habría sido urdida por el presidente de la compañía, el coronel Luis Piligra Jiménez, junto a su pareja, Amelys Aracely Cabrera Gómez.

El militar, que estuvo al frente de la empresa desde 2019, fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, evasión de procedimientos licitatorios, peculado de uso, asociación para delinquir y legitimación de capitales, informó el Fiscal General, Tarek William Saab.

El titular del Ministerio Público recalcó que la investigación del caso fue instruida personalmente por el presidente Nicolás Maduro, a raíz de las denuncias que hicieron los empleados de la empresa, nacionalizada en 2008. El impacto de esta imputación cobra especial relevancia debido a la situación actual de Venezuela, severamente afectada por la crisis económicay el bloqueo de EE.UU., que le ha dificultado el acceso a sus recursos para la compra de alimentos, medicinas y rubros de primera necesidad.

Para Saab, el proceder del exfuncionario «resulta realmente indecoroso e inaceptable», en vista de que Piligra fue puesto al frente de una empresa estratégica «en medio de una crisis económica» y «severas sanciones», y en lugar de «servirle a la nación», utilizó su cargo para «delinquir de esta forma criminal».

De acuerdo a la acusación, Piligra habría incurrido en prácticas como la asignación de contratos a empresas de sus propios familiares, sin licitación de por medio, así como el uso de las instalaciones y suministros de la empresa pública para empaquetar y procesar productos de su propia compañía privada de alimentos, llamada Villa La Estancia. De momento, parte de sus bienes han sido incautados por el Estado, como ordena la legislación anticorrupción.

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«Tengamos claro que cuando las personas violan todas las reglas de convivencia sin temor a las consecuencias, estamos hablando de un psicópata», afirmó Saab. Lácteos Los Andes es una de las empresas estratégicas del Estado venezolano, ya que está encargada de distribuir productos de primera necesidad a todo el país, una tarea clave en momentos en que el acceso de alimentos ha sido fuertemente impactado por las sanciones.

En ese sentido, Saab recordó que hay un expediente abierto ante la Corte Penal Internacional (CPI), denominado Venezuela II, que detalla cómo las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. contra el país han afectado derechos fundamentales de los ciudadanos, más aún en medio de la pandemia.

El expediente Venezuela II es la solicitud de investigación presentada por Venezuela —el 13 de febrero de 2020— ante la Fiscalía de la CPI, para determinar si una o más personas pueden ser imputadas por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano, «como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos», al menos desde el año 2014.