El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó este miércoles a los jueces de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires que esta jornada ordenaron liberar a cuatro militantes de la organización ultraderechista Revolución Federal que habían sido detenidos por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación», dijo el mandatario desde su cuenta de Twitter.

Fernández apuntó contra los magistrados de la la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes, consideró, «ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución» y a pesar de ello intervienen «en una causa de relevancia institucional».

Bruglia y Bertuzzi pertenecían a otros juzgados, pero fueron nombrados en la Cámara Federal mediante traslados dispuestos por un decreto del expresidente Mauricio Macri cuando era jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Esos traslados son cuestionados por inconstitucionales porque, para hacerse efectivos, debían haber sido aprobados por el Senado.

«Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad», amplió el jefe de Estado.

Liberan en Argentina a cuatro militantes de ultraderecha acusados de amenazar a Cristina Fernández

Y pidió la intervención de la Corte Suprema para «hacer cumplir su propio fallo».

En noviembre de 2020, el máximo tribunal dispuso que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia permanezcan en los cargos para los que habían sido trasladados, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos y se cumpla el proceso que marca la Constitución.

En el fallo de este miércoles, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que no existe riesgo de fuga de los imputados por las amenazas contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, y tampoco de que entorpezcan la investigación.

Los beneficiados son Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, detenidos el pasado 20 de octubre como parte de una causa paralela a la que investiga el atentado que sufrió la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre, y que está encabezada por la jueza María Eugenia Capuchetti.