Siete exmiembros del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asumieron este viernes su responsabilidad en las políticas de secuestro que cometieron durante el conflicto armado en el país, y que provocaron «sufrimiento injustificable».

En la declaración, que fue publicada en redes sociales y en la página web del partido Comunes, aparecen como firmantes: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime A. Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, quienes subrayan que «no sería congruente» con su proyecto político actual, ni con su tradición revolucionaria, «rehuir o ocultar la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto, por más crueles o atroces que estos sean».

En el documento, que fue entregado este viernes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los exdirigentes del grupo guerrillero afirman que no es su intención «negar el dolor y daño causado o la gravedad de los hechos», razón por la que asumen la «responsabilidad por los secuestros ocurridos y el sufrimiento injustificable» infligido.

«En más de 300 páginas, entregamos una respuesta detallada, clara y exhaustiva a las víctimas, quienes valiente y generosamente se han acercado a la JEP confiando en la implementación del Acuerdo Final de Paz para lograr un fin común: la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera«, cita parte del texto.

En la declaración, también reconocen la comisión de «malos tratos en contra de las personas secuestradas«, pese a que estaba prohibido en el grupo rebelde, y añaden que esas «circunstancias», se dieron «en el contexto de las difíciles condiciones de la guerra». Y agregan: «Tales conductas nunca debieron ocurrir».

Reconocimiento individual

Los excombatientes exponen en la declaración que ellos ordenaron «capturas y privación de la libertad, de forma prolongada«, contra civiles y miembros de las fuerzas militares, como parte de sus operaciones militares para responder a la negativa del Estado Colombiano «de acceder al intercambio humanitario de guerrilleros capturados por la Fuerza Pública y privados de la libertad».

Explican que el documento que introdujeron a la JEP incluye «el reconocimiento individual» de cada uno de los integrantes del antiguo Secretariado o coordinadores de los bloques de las FARC.

«En este ejercicio se da respuesta específica a las víctimas por cada hecho y se contestan las observaciones y nuevas demandas de verdad trasladadas por la Sala desde octubre de 2020 y reiteradas en el auto», subrayan.

La declaración también hace referencia al Caso 001 sobre las personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado colombiano, e indican al respecto que los excombatientes siguen comprometidos «a continuar aportando información para reparar el daño causado», teniendo en cuenta que «la desaparición forzada es uno de los crímenes que más dolor ha generado en el marco del conflicto».

Los actuales miembros del partido Comunes sostienen que como organización que «ejerció el derecho a la rebelión armada, y como firmantes del Acuerdo Final de Paz», reafirman su compromiso con «la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición» de los crímenes.

Homicidios de excombatientes

Los exguerrilleros también exponen en su declaración el homicidio de 271 mujeres y hombres «que dejaron las armas y le apostaron a la paz», pero que fueron asesinados debido a la «insuficiente implementación del Acuerdo» firmado en La Habana, Cuba, en 2016, y que desmovilizó a 13.000 combatientes.

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«Ellas y ellos perdieron la vida cumpliendo con lo pactado. La falta de sus voces hace que el proceso de aporte de verdad, en algunos casos, se haya limitado en tanto no contamos hoy en día con su memoria para poder dar respuesta clara, detallada y exhaustiva a las víctimas. Sin embargo, continuamos esforzándonos por cumplirles a ellas y al país entero», resalta el documento.