El asesinato del joven futbolista Lucas González, de 17 años, quien falleció este jueves tras ser baleado un día antes por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mantiene conmocionado a buena parte de la sociedad argentina en lo que se presenta como un hecho de abuso de autoridad englobado, un caso de los que se conocen como de ‘gatillo fácil’.

Los hechos culminaron en una esquina del sur de la capital, donde terminó la persecución a la que fue sometido el vehículo en el que se desplazaba el joven fallecido junto a tres amigos luego de participar de un entrenamiento en un club de la zona.

Detrás de ellos venía, siguiéndolos a gran velocidad, un auto de la Policía con tres efectivos de civil quienes consideraron que los cuatro jóvenes de menos de 20 años eran delincuentes, aunque nunca habían hecho nada para que se suponga tal hipótesis.

Una actuación equivocada

Muere un futbolista argentino de 17 años que había sido baleado en la cabeza por la Policía de Buenos Aires

Sin embargo, nunca se aplicaron los protocolos para este tipo de situaciones, como colocar la sirena en el techo del auto para identificarlo como un vehículo policial, ni tampoco mostraron sus credenciales de representantes de la ley, dos elementos que para el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, son irregularidades que muestran un proceder equivocado.

Ante la ausencia de estas acciones, las cuatro víctimas continuaron su marcha con temor porque creyeron que podían ser víctimas de un robo ante el sospechoso y repudiable proceder de los efectivos.

Sin dudas, lo más grave en este caso es que, además de esas faltas, los policías dispararon varias veces para detener el auto de González; dos balazos impactaron en su cuerpo, provocándole la muerte varias horas después.

Una práctica común para otras fuerzas

Mientras se sigue adelante con las pesquisas, varias agrupaciones de derechos humanos denuncian que no se trata de un caso aislado. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierte que desde que se creó la Policía de la ciudad han documentado al menos 121 muertes a manos de efectivos policiales.

RT ha conversado con Grab Valeria Mustoni, una de las voceras de esta organización, quien advirtió que no se trata de una práctica exclusiva de la Policía metropolitana.

«Nosotros denunciamos todas las muertes a manos de las instituciones del Estado, tanto ‘gatillo fácil’, como femicidios de uniforme, muertes en cárceles y comisarías, en instituciones de menores», manifestó Mustoni.

Investigación en marcha

Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas son los tres policía imputados en la investigación, quienes fueron pasados a disponibilidad y desafectados de cualquier función operativa.

El propio Ministerio de Seguridad inició un sumario administrativo para esclarecer qué fue lo que pasó en la mañana del último miércoles, todo de forma paralela a las acciones judiciales que tendrían elementos determinantes, como las declaraciones de los tres amigos del joven muerto, quienes estaban dentro del auto que recibió los disparos.

Un reclamo de justicia

En tanto, los organismos de derechos humanos pidieron un trabajo eficaz, rápido y transparente para esclarecer las responsabilidades de cada uno de los efectivos mientras acompañan a los familiares de Lucas González.

Precisamente, los allegados al joven asesinado convocaron para el próximo lunes a una concentración frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires para pedir que se haga justicia.

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