El 5 de noviembre de 2015, un ‘tsunami’ de lodo arrasó decenas de localidades en el municipio brasileño de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sudeste). La rotura de la represa Fundao –propiedad de la compañía minera brasileña Samarco– liberó 40 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos y provocó la muerte de 19 personas.

Los desechos de minerales recorrieron más de 600 kilómetros por el río Doce hacia el océano Atlántico y destruyeron comunidades enteras. La economía quedó paralizada y miles de personas perdieron sus hogares. Un desastre considerado la mayor tragedia ambiental en Brasil.

Más de seis años después, un tribunal de apelación de Londres comenzó a analizar el lunes la posible indemnización a más de 200.000 víctimas. Entre ellas destacan representantes del pueblo indígena Krenak, unas 600 empresas, 25 alcaldías, municipios e instituciones religiosas.

Esta demanda grupal de 6.300 millones de dólares contra BHP Billiton, empresa minera anglo-australiana, con sede en Londres, es una de las más grandes presentadas hasta la fecha ante un tribunal británico. BHP Billiton es, junto al gigante brasileño Vale, accionista de Samarco.

«Es la puerta de nuestra esperanza. Creo que este proceso hará Justicia», comenta a RT Marino D’Angelo, miembro de la Comisión de Afectados por la Represa de Fundao de Mariana (CABF, por sus siglas en portugués).

Marino, de 53 años y con dos hijos, era el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Aguas Claras y Región (Aplacar) cuando ocurrió la tragedia. El trabajo de toda su vida quedó destruido por el lodo en Paracatu, un distrito a 35 kilómetros de Mariana. En la actualidad vive junto a su familia en un hogar provisional.

«Vivimos en un empobrecimiento forzado. Paracatu era una comunidad fuerte. Tienen el compromiso de devolvernos la misma vida que teníamos. Hoy vivimos un vida impuesta. Tenía proyectos, tenía sueños. Mi hija quiere ir a la universidad, pero no me puedo permite pagarle los estudios. No tengo medios», dice Marino, que sufrió una depresión tras lo ocurrido.

Batalla jurídica

La batalla jurídica contra BHP comenzó en 2018, pero el caso fue anulado en 2020 porque se consideró que la Justicia británica no tenía jurisdicción en el caso. Sin embargo, el año pasado fue reabierto y se concedió el permiso para apelar.

Los abogados del gabinete PGMBM, especializado en litigios grupales a gran escala, consideran que las reparaciones ofrecidas en Brasil a la víctimas no son suficientes y que la compañía debe responder en Reino Unido porque es ahí donde se encuentra su sede.

«BHP es una multinacional que obtiene grandes ganancias en las regiones donde actúa y creo que es natural que una empresa como esta, responsable del mayor delito ambiental en Brasil, sea directamente responsabilizada en la sede», comentó a la prensa Tom Goodhead, uno de los socios del PGMBM, que ha llegado a movilizar para este caso a 500 abogados brasileños en contacto con las víctimas.

Un extremo con el que no concuerda BHP Billiton, que solicita que se interrumpa el caso. En una nota, de la que se hace eco la prensa local, el gigante minero opina que el proceso no debería proseguir porque vuelve a poner sobre la mesa «cuestiones ya abiertas en trabajos de reparación en curso tras decisiones judiciales de tribunales brasileños o que son objeto de procesos judiciales en curso en Brasil».

BHP Billiton considera que el sistema de reparación e indemnización administrado por la Fundación Renova, creada por las mineras para recompensar el desastre de Mariana, es el medio más apropiado.

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«Para 2022, Renova anunció un nuevo presupuesto de 10.400 millones de reales (uno 2.200 millones de dólares), un aumento de más del 20 % frente a 2021. Para finales de este año, se habrán desembolsado aproximadamente 30.000 millones de reales (unos 6.400 millones de dólares) en reparaciones y compensación para los afectados por el ruptura de la presa», comentó.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) señalaron el año pasado una falta de autonomía de la entidad y afirmaron que, en última instancia, las empresas mineras controlan los procesos de indemnización.

«Renova fue constituida para reparar los daños, pero fue montada estratégicamente para que nada de lo que hiciese tuviese efectividad en la vida de los afectados (…), se desconoce el estrangulamiento que sufrimos aquí», lamenta Marino.

La audiencia terminará el próximo viernes, pero los jueces podrían tomar semanas o incluso meses para presentar sus deliberaciones.

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