El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia confirmó este martes que en 2019 se cometieron masacres en las ciudades de Sacaba y Senkata y advirtió la necesidad de que las víctimas y sus familiares obtengan justicia.

En una jornada histórica, el GIEI presentó el informe final sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Bolivia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 y que abarca la recta final de la presidencia de Evo Morales, quien dejó el cargo al sufrir un golpe de Estado, y los primeros meses del régimen de la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez.

Una de las principales expectativas del documento, que fue presentado frente al presidente Luis Arce, estaba centrada en las masacres de las ciudades de Sacaba y Senkata, y que formaron parte de las violentas represiones ordenadas por Áñez desde el principio de su Gobierno.

«Los hechos de Sacaba y Senkata fueron masacres. Es esencial que las víctimas obtengan justicia y se inicie un proceso de reparación por los daños provocados y de atención inmediata para sanar heridas», explicó Patricia Tappatá Valdez, la integrante del GIEI que dio a conocer el informe frente a los familiares de las víctimas que participaron en la presentación que fue realizada en el Banco Central.

«La violencia racistas perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas, y los responsables, sancionados», agregó al advertir la necesidad de que se reconozca que hubo víctimas en los dos espectros políticos que se enfrentaron en ese momento en Bolivia.

Los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas confían en que el informe ayude a iniciar un proceso de reparación que incluya juicios y condenas en contra de los responsables.

Qué pasó

La violencia política que padeció Bolivia a fines de 2019, después de las elecciones presidenciales de octubre, tuvo uno de sus puntos culminantes el 10 de noviembre, cuando Morales fue forzado a renunciar ante el acoso y las amenazas de militares y fuerzas de Seguridad. Después se refugió en México.

Un par de días más tarde, Áñez se autoproclamó como presidenta, lo que detonó violentos ataques a la protesta social en todo el país, en particular en contra de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que realizaban marchas multitudinarias para denunciar y repudiar el golpe.

Una de las represiones más graves ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, una ciudad ubicada en el departamento de Cochabamba, en donde fueron asesinados Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.

Cuatro días más tarde se llevó a cabo la masacre de Senkata, una localidad de El Alto, en la que murieron Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar.

A fines de 2019, la CIDH acudió a Bolivia y, en un informe preeliminar, denunció que en ambos casos policías y militares habían disparado con armas de fuego a los manifestantes desarmados, además de que los rociaron con gases lacrimógenos y también los golpearon.

También recomendó la conformación de un GIEI que investigara de forma independiente las denuncias. Al régimen de Áñez le pidió respetar y garantizar el derecho a la protesta, cesar la violencia y la represión, desmantelar los grupos armados particulares, establecer un plan de atención y reparación de las víctimas y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras demandas.

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Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia CIDH reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad fuera mayor.

A nivel nacional, reportó que, en total, en las protestas realizadas en esos días habían sido asesinadas 37 personas.

La expresidenta de facto descalificó el informe de la CIDH y, después de negar las represiones, acusó al organismo de parcialidad, lo que retrasó la constitución del GIEI, que recién pudo integrarse en noviembre pasado, con Arce ya como presidente. El 25 de julio, después de ocho meses de trabajo, entregó sus conclusiones al Gobierno.

El GIEI Bolivia está integrado por el inglés Julián Burger, profesor de derechos humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado; el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; la argentina Patricia Tappatá Valdez, Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Unesco); el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de ese país; y el chileno-español Jaime Vidal, quien fue designado como secretario ejecutivo de este grupo.

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