Una nueva jornada de manifestaciones ha sido convocada para este miércoles en Colombia, cuando se cumplen dos semanas de movilizaciones, días después de un «acercamiento exploratorio» sin acuerdos entre el Gobierno y los organizadores de la protesta en el contexto de una situación crítica con hechos de violencia en la ciudad de Cali.

En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Manizales habrá puntos de concentración para marchar ‘Por la paz y la vida’, como ha sido llamada por sus organizadores. Durante 15 días de marchas y plantones la Defensoría del Pueblo ha reportadola muerte de 42 personas (41 civiles y un policía) y 168 ciudadanos continúan desaparecidos.

Estos días han estado caracterizados por una creciente presión social y por concesiones goteadas del presidente de Colombia, Iván Duque, frente a las principales demandas de quienes han convocado a las manifestaciones desde 2019 y que lo señalan de haber incumplido con lo acordado en aquella oportunidad.

Al panorama de violencia, donde ya había denuncias de organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre el «uso excesivo de la fuerza» por parte de los cuerpos de seguridad en la contención de las marchas y plantones, se han sumado los ataques de civiles armados contra quienes participan en ellos. El gobierno, sin embargo, aún no se ha expresado de manera contundente sobre estos señalamientos.

La postura de Duque y llamamientos internacionales

Si bien desde el lado del Gobierno se ha ido moderando el discurso sobre los «vándalos» y «terroristas», a los que responsabiliza de estar detrás de hechos de violencia en el marco de las actividades de calle, Duque se ha mantenido firme en el llamado a levantar los bloqueos de algunas vías que impiden el tránsito libre. Hasta ahora, se han establecido «corredores humanitarios» por horas en algunos accesos a las ciudades para permitir el paso de alimentos, combustible y medicinas, entre otros.

Aunque el mandatario ha eludido hablar directamente de las denuncias de abusos policiales, ha rechazado «todas la formas de violencia» y ha aseverado que «si hay conductas individuales que son contrarias a la Constitución y la ley» deben ser «investigadas y sancionadas«. Sin embargo, EE.UU., uno de sus aliados en la región, ha sido más enfático, afirmando que «así como condena la violencia y el vandalismo» hace «un llamado a la Policía para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos», según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

A las puertas de un proceso de negociación entre el Ejecutivo y el sector que coordina las manifestaciones, la Unión Europea ha pedido un «diálogo sólido e inclusivo» que «genere consenso». No obstante, el posible acercamiento de la Casa de Nariño con los miembros de la Central Única de Trabajadores (CUT), responsables de la convocatoria a paro nacional, no es visto por algunos sectores sociales, entre ellos campesinos, mujeres e indígenas, como el final del conflicto debido a que consideran que las exigencias no condensan sus necesidades.

Acciones sin acuerdos

Desde mediados de la semana pasada, el Gobierno inició una serie de reuniones para buscar soluciones a la crisis. Hasta ahora hubo encuentros con instituciones estatales, partidos políticos opositores, autoridades locales, jóvenes, trabajadores sanitarios y con el Comité Nacional de Paro, que era uno de los más esperados y que se realizó el pasado lunes.

Tras el cierre de la reunión exploratoria, el Comité dijo que no se había llegado a un acuerdo y la tildó como «fracasada». Sin embargo, al día siguiente el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien ha sido el vocero gubernamental en los procesos de acercamiento con varios sectores, informó que el Ejecutivo estaba dispuesto a iniciar un proceso de negociación que estará acompañado por la Iglesia católica y la Organización de Naciones Unidas (ONU), tal como lo habían solicitado los coordinadores de la protesta.

La CUT ha sido reiterativa en su exigencia de «detener la violencia estatal y paraestatal», en «desmilitarizar la protesta» y en «actuar de manera urgente en Cali» para poder sentarse a conversar. Del otro lado de la mesa, sin embargo, no ha habido una respuesta directa.

Por su parte, Duque ha cumplido con ciertas exigencias de manera unilateral, sin que hayan sido producto de rondas de diálogo con los organizadores de las manifestaciones, que han establecido un pliego de emergencia nacional desde 2020 que contempla temas como el pago de la renta básica para 30 millones de personas en situación vulnerable; aceleración del proceso de vacunación y exención del pago de las matrículas para los estudiantes, entre otras.

Entre sus anuncios recientes durante su viaje a Cali sobre los reclamos que han sido bandera de estas protestas, el mandatario informó que en el segundo semestre de este año, los estudiantes de educación superior de los estratos 1, 2 y 3 (los más bajos) tendrán matrícula gratuita. Además,adelantó que este miércoles se iniciará la fase 3 del proceso nacional de vacunación que incluye a docentes, a la Fuerza Pública y a personas con preexistencias y comorbilidades.

Situación en Cali

La capital del departamento del Valle del Cauca es el epicentro de las protestas. Entre los hechos de violencia más recientes se encuentra un ataque contra una caravana de la minga indígena protagonizado por civiles armados y policías, que dejó al menos nueve personas heridas.

Frente a la compleja situación, que incluye obstaculización de algunas vías y reclamos de la presencia estatal para atender las problemáticas de los sectores más empobrecidos, el presidente se trasladó el martes a Cali en la segunda visita que realiza esta semana. Desde allí, dijo que evaluaba las medidas de seguridad y acciones para garantizar el abastecimiento.

Hasta ahora, los cuerpos de seguridad han abierto 17 puntos con salidas al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y a varios municipios que se mantenían bloqueados en la capital del Valle del Cauca, departamento donde se encuentra el puerto de Buenaventura, el principal del país con salida al Pacífico.

Por su parte, la minga indígena anunció el martes que después de participar en las actividades de este miércoles volverá al vecino departamento del Cauca, donde continuará con las acciones de protesta. Según informaron, decidieron desmarcarse de la CUT porque rechazan el proceso de negociación con la Presidencia por considerar que sus peticiones no «recogen ni representan» las de la movilización popular.

Aunque el mandatario colombiano parece haber cedido en algunos puntos que forman parte del reclamo más reiterado por parte de los organizadores de la protesta, falta por ver si cumplen las expectativas de quienes han salido a la calle para pedir medidas que palien la pobreza, que afecta al 42 % de la población del país, en medio de la crisis por el coronavirus y los reclamos de mayor presencia estatal en las zonas afectadas por la violencia y la inequidad.

De momento, las reuniones del gobierno con los diferentes sectores continuarán a lo largo de esta semana, a la espera de un segundo encuentro con los organizadores del paro nacional.

Nathali Gómez

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