La tensión electoral que vive Brasil desde hace meses podría subir de nivel el miércoles, cuando miles de bolsonaristas están convocados por Jair Bolsonaro a masivas movilizaciones callejeras por el bicentenario de la Independencia, en medio de temores de que los actos deriven en nuevas amenazas al poder judicial por parte del presidente, calificadas de golpistas, como ocurrió el año anterior.

Nadie duda de que el mandatario ultraderechista –a 13 puntos del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en los sondeos a los comicios de octubre– quiere convertir el 7 de septiembre en una jornada de demostración de fuerza y de apoyo a su reelección, lo que es visto por los analistas como una clara instrumentalización por parte del Gobierno de esa patriótica fecha.

Está previsto que el mandatario participe en el tradicional desfile militar en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, pero en esta ocasión pidió también a sus seguidores que acudan masivamente a actos «por la libertad» en las calles de varias ciudades. El propio Bolsonaro ya avisó de que encabezará el evento en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

El presidente pide a sus votantes que celebren la jornada «en paz y armonía», pero sobrevuela en el ambiente el recuerdo del año pasado, que estuvo marcado por durísimos ataques del ultraderechista contra los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Congreso Nacional, mientras que su militancia amenazó con invadir el máximo tribunal y bloqueó carreteras del país.

Aquellas declaraciones del mandatario agudizaron entonces la crisis entre el Ejecutivo y los jueces del STF, que tienen abiertas varias investigaciones contra el mandatario.

El miedo es que este año las movilizaciones desemboquen en actos violentos o que el mandatario aproveche para cargar contra la reciente decisión cautelar de la Corte Suprema de restringir varios decretos firmados por él mismo para facilitar el acceso de los brasileños a armas y municiones, uno de los principales pilares de su ideología.

«El riesgo de violencia política hace de extrema y excepcional urgencia la necesidad de conceder respuestas mediante cautelares», determinó el magistrado Edson Fachin.

La decisión no agradó al presidente, cuya máxima es que «el pueblo armado jamás será esclavizado». Desde que llegó al poder en enero de 2019, el número de civiles armados ha aumentado un 473 %.

Sin citar al STF, Bolsonaro publicó un mensaje en Twitter en el que habló del «camino autoritario» que «termina en tiranía». «Bien podría adaptarme a esto y convertirme en la voz del ‘establishment’, pero jamás cambiaría mi alma y mi conciencia por el aplauso de media docena de vagabundos [en referencia a los jueces del STF]», escribió.

Reiterados ataques

A esta situación se suma el hecho de que Bolsonaro sigue repitiendo que el sistema de voto electrónico utilizado desde 1996 se presta al fraude y que las urnas pueden ser pirateadas fácilmente.

Sus reiterados ataques, siempre sin pruebas, son interpretados por muchos analistas como una peligrosa amenaza si el mandatario llega a perder los comicios. Muchos relacionan esa hipótesis con lo ocurrido en EE.UU. en enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio al rechazar los resultados de las urnas.

El ataque a Cristina Fernández es una advertencia «de lo que puede ocurrir en Brasil», asevera Lula

Además, el intento de asesinato el jueves pasado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, añadió leña al fuego en Brasil, donde los equipos de campaña temen por la seguridad de los candidatos. En la campaña electoral de 2018, Bolsonaro recibió una puñalada en un acto público que casi termina con su vida.

Pese a todo, los órganos de Inteligencia, el Ejército y la Policía han informado a algunos medios de que no han detectado señales de que se puedan desarrollar actos violentos.

Asesores cercanos a Bolsonaro opinan que, si el mandatario lanza nuevos ataques contra las instituciones, podría reforzar su imagen de líder radical, lo que aumentaría el rechazó hacia él, que actualmente ya se sitúa en un 52 %.

Por el momento, le preceden comentarios como los del pasado fin de semana, cuando llamó «vagabundo» y «sinvergüenza» al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el magistrado Alexandre de Moraes, por abrir una investigación contra varios empresarios que supuestamente apoyaron un eventual golpe de Estado en un grupo de WhatsApp en caso de que el mandatario salga derrotado.

Fiel a su espíritu combativo, el mandatario desafió a su principal enemigo en la máxima corte e invitó a esos empresarios a participar en las movilizaciones. «Son personas honradas. Dos de ellas tuvieron contacto conmigo», dijo en una entrevista.

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