El Presidente de la Asamblea, César Litardo, confirmó este jueves 24 de octubre que los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri iniciaron el proceso de trámite para solicitud de asilo en la Embajada de México.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana permanecen en la sede de la embajada mexicana, en el norte de Quito, desde el 13 de octubre. También se encuentran sus parejas Luis Flores, Edwin Jarrín y Tania Pauker, respectivamente.

Litardo manifestó que los tres asambleístas no han perdido su calidad de parlamentarios.

«No han perdido su calidad de asambleístas, de acuerdo a la ley, ellos tienen la posibilidad de solicitar el permiso y hasta que no haya una acción judicial o una solicitud en firme de una solicitud, seguirán en la Asamblea», dijo Litardo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ratificó este jueves su decisión de suspender el sueldo completo a estos tres asambleístas. Además se principaliza a sus alternos para que actúen inmediatamente.

La decisión la adoptó después de que Viteri,Buendía y Rivadeneira, fueran escuchados por el CAL a través de videoconferencia.

«Hemos actuado de manera responsable, permitiendo que tengan la posibilidad de expresar su versión», enfatizó Litardo. Añadió que el órgano administrativo reformó el reglamento para dejar establecido cómo se procederá en este tipo de casos.

Según la reforma, cuando se presente un conflicto judicial o administrativo que impida que los legisladores puedan estar presentes de forma física, se suspenderá el sueldo de los mismos y se titularizará a sus suplentes.

Juan Cristóbal Lloret, quien estuvo presente durante la intervención de sus compañeros de bancada, señaló que sus colegas no han recurrido a su remuneración, sino que se han despojado de la misma y mientras dure su situación principalizaron a sus alternos.

Además, informó que los legisladores detallaron las amenazas, seguimientos extrajudiciales y violaciones a sus derechos, de los cuales serían víctimas. Por esta razón está en curso su pedido de asilo político.

En el caso del legislador Yofre Poma, quien tiene prisión preventiva y enfrenta un proceso por el delito de paralización de servicios públicos, el titular de la Asamblea explicó que mientras no llegue a la etapa final el proceso judicial, la Legislatura no puede tomar ninguna determinación. Indicó que no hay ningún solicitud de la justicia para el levantamiento de su inmunidad. (I)