El Senado de Colombia decidió excluir el polémico artículo que había sido incluido en el Proyecto de Ley Anticorrupción, y que encendió las alarmas de los medios por considerar que representaba una seria amenaza contra la libertad de prensa.

Durante la plenaria, el Senado nado decidió que al no haber concierto sobre el controvertido artículo, el texto quedaba fuera del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 341 de 2020, de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que aprobó este jueves el legislativo colombiano.

El cuestionado reglamento planteaba que una persona podía ser sentenciada a prisión o a pagar multas, si se llegaba a comprobar que había cometido injuria o calumnia al denunciar «hechos falsos» contra algún funcionario público, con el propósito de «atacar u obstruir» sus funciones.

«El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal», citaba el artículo eliminado.

Indignación en Colombia tras la aprobación de un artículo que limita y sanciona la libertad de prensa para denunciar la corrupción

Tras pasar los dos primeros debates dentro del Senado, que debe realizar cuatro para aprobar el Proyecto de Ley, la Asociación de Medios Independientes (Ami) y la de Medios de Comunicación (Asomedios), alertaron —en un comunicado conjunto— sobre la amenaza que representaba el cuestionado artículo.

El Proyecto de Ley, que incluía el controversial texto, fue presentado por el Gobierno de Iván Duque ante el parlamento como un «fruto de una alianza de 25 entidades del Estado», y de «un trabajo coordinado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República».

El reglamento, según el gobierno colombiano, plantea «cambios importantes en temas como extinción de dominio, protección de testigos y medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales», también «refuerza la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción y propone la creación de un régimen sancionatorio a las empresas en las que sus representantes sean condenados por prácticas corruptas».