El Senado de Bolivia derogó este martes por unanimidad (34 votos) la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, a nueve días de haberse iniciado el paro nacional para repudiar la normativa, que había sido aprobada en agosto por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La abrogación de la llamada ‘ley madre’ acababa de ser votada por la Cámara de Diputados en la madrugada, y solo restaba la aprobación de los senadores. El debate inicial se extendió más de lo previsto porque en el texto el oficialismo hizo alusión al golpe del 2019, afirmando que nuevamente se intenta «deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55 %». De hecho, el cuarto párrafo de la ley debió eliminarse: «Personas inescrupulosas individuales desinformaron a la población, generando zozobra y preocupación en la misma», decía.

La anulación de la norma fue impulsada por el Gobierno tras registrarse varios días de protestas, disturbios, detenidos, decenas de heridos y un campesino fallecido en el contexto de los incidentes.

Según el Ejecutivo, la legislación original buscaba enfrentar los movimientos ilegales de dinero de los sectores más ricos, sin embargo, sus detractores afirmaban que pretendía fiscalizar a los trabajadores, en un país con mucha informalidad en la economía. También repudiaban que la aplicación de la regla se podía modificar con decretos presidenciales.

«Que no exista el menor pretexto para seguir paralizando»

Las manifestaciones fueron impulsadas por los comités cívicos y contaron con la participación de gremios en distintos puntos del país, mientras el presidente, Luis Arce, acusaba a la oposición de tergiversar el sentido de la ley.

Al momento de anunciar que se derogaría la ley, el mandatario expresó: «Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1.386 con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía».

Tras darse a conocer la decisión gubernamental, dirigentes gremiales, como Francisco Figueroa, representante de vendedores callejeros y pequeños comerciantes, dijeron que se retiran del paro. Sin embargo, desde los comités cívicos sostienen la protesta —con epicentros en Santa Cruz y Potosí—, y llaman a mantener la movilización: «Los bloqueos tienen que seguir intensificándose, estamos acostumbrados a las mentiras del Gobierno», dijo en los últimos días Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Frente a ello, dirigentes afines al oficialismo presentaron una querella contra Calvo invocando los delitos de «sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y atribuirse los derechos del pueblo».

También se registraron algunos reclamos de comerciantes contra los cívicos, ante la imposibilidad de trabajar.

Un miércoles de más movilizaciones

Entre los instigadores de las medidas de fuerza también se encuentran el alcalde de La Paz, Iván Arias Durán, y el de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ya tuvo un rol protagónico en el golpe de Estado del 2019.

En la capital, su gobernador dijo que, tras la última Asamblea de la Paceñidad, se llama a «realizar una gigante marcha de todos los sectores» este miércoles a las 16 (hora local). El motivo es repudiar la «persecución política», señaló.

Por su parte, el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) sostiene que todo forma parte de un nuevo intento de golpe, queriendo repetir el escenario de tensión previo al derrocamiento de Evo Morales.

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