El Salvador procesa por primera vez por delitos de lesa humanidad a un «escuadrón de la muerte» que operó en la guerra civil
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que presentó un dictamen de acusación contra cuatro presuntos integrantes de los «escuadrones de la muerte» que operaron durante la guerra civil (1979-1992).
«Es la primera vez en la historia del país que se procesa a una estructura de este tipo por hechos cometidos en la década de los 80, bajo la modalidad de delitos de lesa humanidad», dice la FGR en una nota de prensa, en la que indica que la diligencia fue presentada ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, en el departamento homónimo.
Los acusados son José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, señalados por los delitos de «asesinato y privación de libertad, asociaciones ilícitas, y delito contra las leyes o costumbres de guerra», detalla la institución.
#ConflictoArmado I Los procesados son: José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, acusados de Asesinato y Privación de Libertad, Asociaciones Ilícitas y Delito contra las Leyes o Costumbre de Guerra.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 7, 2022
«Tres de los cuatro acusados fueron capturados en agosto del año 2021, y uno de ellos se encuentra fuera del país», menciona la FGR.
Según la investigación, los «escuadrones de la muerte» en los que presuntamente participaban estos acusados operaban en el cantón San Andrés y alrededores de San Miguel.
Víctimas
A los cuatro imputados se les acusa de ser parte del grupo que asesinó a Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña, el 7 de abril de 1981.
De acuerdo con la Fiscalía, ese día, un grupo de hombres que vestían uniformes militares y estaban armados, sacaron violentamente de sus viviendas a las víctimas para privarlas de libertad.
Días después, detalla la FGR, los cadáveres fueron encontrados con señales de tortura, a la orilla de la carretera que conduce al municipio de San Alejo, en el departamento de La Unión.
Los fiscales señalan que cuentan con elementos suficientes de prueba «documental, pericial, testimonial», que permitirán acreditar la participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen.
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