El estado de excepción fue decretado por el Primer Mandatario debido a una escalada de asesinatos que dejó más de 80 fallecidos a finales de marzo, la cual es atribuida a las pandillas -principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13)-.

Bukele no especificó a qué pandilla pertenecen los capturados, ni los delitos que les serán imputados.

Asamblea aprobó decisiones de Bukele

Además de esta medida extraordinaria, la Asamblea Legislativa le aprobó a Bukele el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.

El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión parlamentaria, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una «guerra contra las pandillas», como lo hicieron sus antecesores.

Según Bukele, las pandillas tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador que han incluido la declaración del estado de emergencia y el aumento de las penas a menores.

«Entendemos el desafío que supone para El Salvador la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, pero esto debe hacerse con arreglo a la ley internacional de derechos humanos», señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina Liz Throssell.

La fuente oficial afirmó que desde la declaración del estado de emergencia el 27 de marzo fuerzas policiales y militares «han recurrido al uso innecesario y excesivo de la fuerza» durante operaciones desplegadas en zonas controladas por las pandillas. EFE»