El río Bermejo, en el límite entre el norte argentino y Bolivia, es conocido por ser una vía para el paso ilegal de personas de un país a otro, sin ningún tipo de control. A pesar de lo peligroso que en muchas ocasiones resulta su caudal, las dificultades económicas de muchas familias las obligan a arriesgar sus vidas para contrabandear mercancías porque es su única forma de sustento.

Con la pandemia de covid-19 el trabajo informal en los departamentos aledaños se ha incrementado y el cierre de la fronteras legales ha estimulado el aumento de los cruces clandestinos por el Bermejo, realizados a pie cuando el río lo permite o en balsas precarias. Por desgracia, los accidentes fatales también se han visto en auge. A comienzos de marzo, un bote inflable que intentaba cruzar desde la provincia argentina de Salta hacia Bermejo, Bolivia, naufragó en esas aguas con más de 20 personas a bordo, entre las que se encontraban varios menores. Fallecieron al menos dos adultos y dos bebés.

Las autoridades locales advierten sobre el peligro de enfrentar el raudal pero, pese a las continuas denuncias de ahogados y accidentes, la actividad en esas aguas no cesa. «La necesidad nos lleva a hacer este trabajo. Todos sabemos que si los políticos, tanto como el presidente, hubiesen creado fuentes de trabajo, ninguno estaría trabajando acá (…) No tenemos de qué seguir viviendo. Este trabajo para nosotros es una empresa grande», asegura una comerciante informal de la zona.

El problema continúa sin ser debidamente atendido. No obstante, tras la tragedia del mes pasado el Gobierno argentino prometió poner en marcha un plan para reforzar las fronteras conflictivas a través de una millonaria inversión para implementar una mejor vigilancia con modernización, tecnología y seguridad.

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