El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Saldívar, denunció presiones por parte del expresidente Felipe Calderón para que la muerte de 49 niños ocurrida durante el incendio de una guardería quedara impune, ya que afectaba a la familia de su esposa, la actual diputada Margarita Zavala, y a otros políticos.

«Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno. [Calderón] hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral (…) es una hipocresía», acusó el magistrado durante la presentación de su libro ’10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial’.

Las declaraciones de Saldívar reviven una de las tragedias que marcaron al sexenio de Calderón (2006-2012) y que desató una mayor conmoción nacional e internacional. El 5 de junio de 2009, la Guardería ABC, ubicada en el norteño estado de Sonora, se incendió y dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 100 heridos. Tenían entre cinco meses y cinco años de edad.

En ese momento, la Corte investigó el caso y lo remitió a Saldívar, quien llevaba apenas dos meses como ministro. Su dictamen denunció la responsabilidad de funcionarios que estaban a cargo de la operación de guarderías y a los que les imputó violaciones a los derechos humanos, pero fue rechazado por mayoría de votos.

Tuvieron que pasar siete años para que, gracias a la presión social, se condenara a 22 implicados, ninguno de ellos funcionario de primer nivel. El juicio se llevó a cabo en 2016, cuando Calderón ya estaba fuera del poder, lo que demuestra que las presiones que denunció Saldívar funcionaron porque el caso se mantuvo impune durante sus tres últimos años de Gobierno (2009-2012).

Una de las principales acusadas era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama, quien encabezaba la sociedad anónima que manejaba la guardería, la cual ni siquiera contaba con alarmas contra incendio ni extintores, pero fue absuelta de manera anticipada.

Desde entonces, la diputada Zavala ha negado cualquier intervención de su esposo y de ella misma para proteger a su prima. Así lo reiteró al responder a las acusaciones de Saldívar, que han generado una nueva polémica porque abren la posibilidad de imputarlos a ella y a Calderón.

Un relato sobre el dolor

Saldívar ingresó a la Corte como ministro en 2009, justo el año de la tragedia, y una década más tarde fue elegido como presidente.

«Quizá el asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro fue el de la guardería ABC», reconoció durante la presentación de su libro.

También advirtió que el caso pasó de inmediato a la Corte porque en ese momento supuestamente tenía facultades de investigación de violaciones de derechos fundamentales, pero en realidad nunca habían servido para nada, lo que tranquilizaba a Calderón y a sus funcionarios.

Además, el clima interno no era favorable en absoluto, ya que la mayoría de los ministros que en ese momento integraban el máximo órgano de justicia operaban a favor del presidente.

«Pensaron que yo iba a convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y de su Gobierno. Nunca esperaron que yo presentara un proyecto como el que presenté», dijo al recordar el fallo en el que imputaba responsabilidades al más alto nivel.

Cuando lo designaron para encabezar la investigación, señaló, lo primero que hizo fue buscar a los padres y madres de los niños fallecidos y lesionados porque hasta entonces ninguna autoridad los había recibido.

«Un día en la Corte estuve presente en una reunión que yo nunca pensé (…) se respiraba el mayor dolor que he sentido en mi vida de alguien ajeno. Las mamás y los papás se fueron presentado uno a uno, una a una, diciéndome el nombre de su niño o niña o si estaba lesionado o había fallecido», explicó.

Las mujeres, agregó, se sentían culpables por haber dejado a sus hijos en la guardería porque trabajaban fuera del hogar, y se responsabilizaban de su muerte.

«Un papá me narró cómo durante un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado hasta que a la una de la mañana la encontró en un hospital, la encontró con su ropita y cuando tocaba su piel se rompía y se despegaba», rememoró.

Las presiones de Calderón

En esa reunión, los familiares de la víctimas le contaron que el Gobierno no había permitido que salieran aviones a Sacramento, una ciudad ubicada en California (EE.UU), en donde un hospital los esperaba para poder curar a los bebés y niños heridos.

«[Calderón] no quería que se hiciera más grande el escándalo, ni mayor alharaca con este tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado los expedientes médicos para no pagar lo que tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y escucharlos, me comprometí a que defendería los derechos de sus niñas y niños», afirmó.

Saldívar aseguró que todavía no entiende cómo pudo aguantar las lágrimas. Luego del encuentro, les dijo a sus secretario que no daría ni un paso atrás porque el caso era una infamia que no iba a convalidar.

Una vez que tuvo el dictamen en el que denunciaba violaciones a los derechos humanos, por «lealtad institucional» le avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta.

«Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Según mi secretaria particular, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a los gritos. En un momento me dice: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Le dije: ‘dile al presidente que postuló a un ministro, no designó a un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Ahí terminó la plática», contó.

Por la noche de ese día, firmó dos ejemplares del proyecto y le pidió a su secretaria que los guardara bajo llave, y que si a las 8:30 del día siguiente él no estaba, los diera a conocer a la prensa.

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«Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte», dijo al detallar el peso de la presión política que también se reflejó en los medios, que pasaron de celebrar a criticar el dictamen.

«Se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí. Empezaron a pegar, pegar y pegar. Los pasillos de la Corte estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Ahí estaban los secretarios de Estado (…) el gobierno prácticamente tomó la Corte (…) recibí varias amenazas veladas de compañeros ministros, advertencias de diferente tipo«, denunció.

Al final, la mayoría de los ministros votó en contra, como quería Calderón, salvo la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, expresidente de la Corte que dejó el órgano en 2014.

«Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y mamás, con una carencia de sensibilidad y humanidad ahí están las grabaciones, debatí prácticamente solo. Hoy puedo decir con orgullo que ganaron la votación, pero no ganaron el debate, ni ganaron el juicio de la historia«, afirmó al recordar que después de 13 años, este crimen está vigente en la memoria social.