El Parlamento de Ecuador no consiguió los votos necesarios para destituir al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso.

Tras un extenso debate, que comenzó el pasado sábado, la AN sometió a votación la noche de este martes la moción para destituir al mandatario, pero no se llegó a los votos favorables de las dos terceras partes de los parlamentarios, es decir, 92, como lo establece la ley local.

La votación quedó con 84 votos afirmativos, 42 negativos y 11 abstenciones.

La solicitud para llevar a cabo el debate en el pleno sobre la destitución de Lasso fue hecha por la bancada de la Unión por la Esperanza (Unes), en medio del paro nacional indefinido que se lleva a cabo en el país suramericano desde el pasado 13 de junio, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado otros colectivos sociales.

Unes sustentó su petición en el artículo 130 de la Constitución del país, que establece que el Parlamento puede destituir al mandatario en los siguientes casos:

1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
2. Por grave crisis política y conmoción interna.

La petición se basó específicamente en el numeral 2 de ese artículo, luego de que el propio presidente Lasso, según Unes, reconoció en dos decretos emitidos durante el paro —que luego fueron derogados—, en los que declaraba el estado de excepción en varias provincias, la existencia de una «grave conmoción interna».

Este mecanismo de destitución se conoce en Ecuador como «muerte cruzada». Si el fin del mandato era aprobado en la AN, el vicepresidente asumía la Presidencia de la República y en un plazo de siete días el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que haber convocado para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

El mecanismo también puede ser utilizado por el mandatario. El artículo 148 de la Constitución da la facultad al presidente de disolver el Congreso. En caso de hacerlo, también se convocarían elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

Diálogo truncado

A la fecha ya son 16 días del paro nacional convocado por el movimiento indígena. Este día se esperaba que hubiese avances en las negociaciones entre las partes, pero el diálogo fue truncado.

El lunes se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y representantes de la Conaie, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).

Las negociaciones, que tuvieron como escenario la Basílica del Voto Nacional en Quito, fueron por iniciativa del presidente de la AN, Virgilio Saquicela, y estuvieron representantes de otras instituciones estatales, como del CNE y la Defensoría del Pueblo. También contó con la participación de la Iglesia.

En ese primer encuentro, el Ejecutivo, representado en la mesa por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario de Administración Pública, Iván Correa, aceptó derogar el Decreto 95, emitido por Lasso el año pasado, en el que se expidió la política de hidrocarburos y un ‘Plan de Acción Inmediato’ para el desarrollo del sector hidrocarburífero. Esta derogatoria era una de las exigencias del movimiento indígena.

No obstante, no se alcanzó un acuerdo respecto a la reducción y congelación de los precios de los combustibles. El pedido de los manifestantes es bajar, y congelar, el costo del galón del diésel de 1,90 dólares a 1,50 y la gasolina extra y ecopaís de 2,55 a 2,10, así como entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio. Hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo fue bajar 10 centavos de dólar.

En la reunión del lunes acordaron retomar las negociaciones la mañana de este martes, pero los representantes del Gobierno no se presentaron.

La negativa se debió a la muerte del sargento José Chimarro y el reporte de otros 12 militares y policías heridos durante un confuso incidente en Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, al noreste del país.

El hecho ocurrió en la madrugada. Desde el Gobierno sostienen que los militares y policías fueron atacados por «violentos».

«Creemos que el diálogo es el mejor camino para resolver nuestros problemas»: indígenas de Ecuador piden al Gobierno retomar la mesa de conversaciones

«Un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Shushufindi fue atacado por 100 violentos. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas«, dijo el presidente Lasso, en un mensaje a la nación en el que anunció que no retomarían el diálogo.

Pero desde el movimiento indígena rechazaron esa versión. Según Iza, el incidente tuvo lugar cuando un «convoy» fue a «atacar en las zonas donde estaban compañeros activando» sus protestas.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos señala en un informe que el hecho ocurrió cuando un convoy de tanqueros de combustible, escoltado por aproximadamente 300 efectivos militares y policiales «llegó a un punto de protesta social, en la comunidad 18 de Noviembre, del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, en donde se encontraban los manifestantes ejerciendo pacíficamente su derecho» y, «ante la negativa de las personas de permitir el paso del convoy, la persona que estaría supuestamente a cargo del mismo informó que pasarían a como dé lugar, iniciando una fuerte represión en la que se habrían utilizado gran cantidad de gas, municiones de goma, perdigones, incluso balas reales».

Esto generó «una respuesta de defensa» de parte de los manifestantes, dando lugar a una confrontación.

La represión

De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha denunciado fuerte represión policial y militar durante las protestas, hasta este martes se registraban cinco muertos, 313 heridos y 147 detenciones.

Este martes también fue presentado un informe preliminar por parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que se encuentra en Ecuador dando seguimiento al paro nacional.

Esta organización señala que el Estado ecuatoriano cometió «delitos de lesa humanidad» durante las protestas. Además de los asesinatos, informaron sobre detenciones arbitrarias en las que hubo «tormentos, tratos crueles y degradantes», así como violaciones al derecho a la defensa.

Mariela Navarro, integrante de la misión, indicó que agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas «actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión».