La candidata derechista peruana, Keiko Fujimori, anunció que este lunes le entregará una carta al mandatario saliente, Francisco Sagasti, para que solicite una auditoría internacional de los resultados de la segunda vuelta presidencial, que han sido cuestionados por su formación política, y donde el izquierdista Pedro Castillo quedó con una ventaja de 44.000 votos, al culminar el escrutinio oficial.

La líder de Fuerza Popular escribió en su cuenta de Twitter que irá a la sede del Palacio de Gobierno a darle al presidente interino una carta en nombre de sus votantes para «pedir la verdad electoral«, lo que implica un cambio en su postura de días atrás cuando dijo que Sagasti debía estar al «margen del proceso».

Cuando ya han transcurrido tres semanas desde que se realizó el balotaje entre Fujimori y Castillo, aún no hay un ganador proclamado. Desde que se inició el periodo poselectoral, la excongresista ha sostenido, sin presentar pruebas, que hubo «fraude» e «irregularidades», por lo que varias instancias del Poder Electoral revisan expedientes con recursos de apelación enviados en su gran mayoría por ella, que introdujo 943 solicitudes para anular las mesas de votación.

Una auditoría internacional

El pasado sábado, en un acto con sus seguidores en Lima, su bastión electoral, Fujimori dijo que frente a la «incertidumbre» y la «falta de transparencia» se requiere una auditoría internacional, a pesar de que varios países y organismos ya han calificado el proceso comicial como transparente.

«No queremos que se nos favorezca, queremos que se analicen todas estas irregularidades, todas estas trampas que se hayan hecho en las mesas», expresó.

La impugnaciones presentadas por el equipo de Fujimori fueros revisadas por varias instancias comiciales, que no hallaron inconsistencias, por lo que le ha correspondido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) analizar los expedientes con recursos de apelación hechos por la derechista.

Este proceso se vio interrumpido la semana pasada luego de que el fiscal Luis Arce Córdova, integrante del pleno del JNE, declinara del cargo y dejara al tribunal sin quórum aduciendo una supuesta parcialización que favorecería a Castillo. Tras esta renuncia, se nombró como sustituto a Víctor Rodríguez Monteza, investigado en la Fiscalía por corrupción, y quien en 2019 se mostró a favor de que Fujimori saliera de prisión preventiva, tras ser imputada por presunto lavado de activos.

Tensa relación con Sagasti

El presidente interino, que llegó al poder por votación en el Congreso en medio una crisis política en Perú, se vio envuelto en un polémica una semana después de los comicios tras conocerse que sostuvo una conversación telefónica con el escritor Mario Vargas Llosa, acérrimo defensor del fujimorismo, para que supuestamente le pidiera a la candidata de Fuerza Popular que desistiera de las impugnaciones.

Frente a las especulaciones y ante la posibilidad de que se iniciara un trámite de censura en el Legislativo, —que ya destituyó a su antecesor, el expresidente Martín Vizcarra en 2020—, el mandatario publicó una serie de trinos donde reconoció que se había comunicado «con varias personas» que tenían «contacto con ambas candidaturas» para «mantener la tranquilidad en un ambiente tan polarizado, complejo y difícil, plagado de mentiras y distorsiones».

Fujimori en esa oportunidad cargó contra Sagasti y escribió varios tuits donde afirmó que el presidente no debía «interferir» en su «legítimo derecho» a «defender» los votos. «Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral», sostuvo.

La candidata, además, dijo que el mandatario interino «no genera calma». «La cancha no está pareja. Existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular», añadió.

Un «fraude» cuestionado

La insistencia de Fujimori sobre el supuesto «fraude» en los comicios no pareciera ser un señalamiento generalizado. Según una encuesta de El Comercio, el 39 % de los consultados considera que hubo elecciones limpias, a pesar de que se presentaron irregularidades. Sin embargo, según este estudio, tanto la JNE como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tienen altos niveles de desaprobación (56 % y 49 %, respectivamente).

Ya otro sondeo de este tipo, divulgado la semana pasada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), arrojó que el 69% de los encuestados desaprobaban que la hija del expresidente Alberto Fujimori no hubiera aceptado los resultados de la elección. En ambos estudios, el rechazo a la derechista en el interior del país supera el 70 %.

La opinión sobre los comicios peruanos entre países y organismos aliados no ha sido distinta. Días atrás, el Departamento de Estado de EE.UU.dijo que las autoridades peruanas administraron «de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas», que fueron «un modelo de democracia en la región».

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En la misma línea se manifiestala Unión Europea, que considera que el proceso electoral fue «libre y democrático» y que expresó que confía en las autoridades electorales «para la solución de los litigios pendientes».

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó una semana después de la segunda vuelta que Perú «registró un proceso electoral positivo» donde no se detectaron «graves irregularidades».

A pesar de este consenso, la tensión que existe en el país suramericano no solo se ha visto atizada por las denuncias de Fujimori. El pasado fin de semana, la Fiscalía anunció el inicio de la investigación de una serie de polémicos audios en los que Vladimiro Montesinos, exasesor del padre de la candidata, habla de conspirar para que sea declarada como ganadora, incluso a través del pago de sobornos a funcionarios electorales.

Nathali Gómez

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