Este martes se produjo una decisión histórica en Colombia cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos.

Uribe se convierte así en el primer expresidente colombiano en cumplir este tipo de medida judicial.

Si bien esta orden de arresto domiciliario ocurre en 2020, los antecedentes de este proceso se sitúan en 2012, cuando el actual senador Iván Cepeda denunció que unos paramilitares le habían develado los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo.

El inicio del proceso legal

Hace dos años, la Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema anunció que había obtenido las pruebas suficientes para investigar a Uribe, tras las denuncias de Cepeda, los testimonios de testigos claves y las conversaciones interceptadas a un grupo de sus conocidos.

Así, en un giro inesperado, la Corte anunciaba que paralizaba la investigación al senador izquierdista del Polo Democrático Alternativo y que abría una contra el derechista por presuntamente haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.

La primera indagatoria al expresidente, que tuvo una duración de siete horas, se realizó el 8 de octubre de 2019. Tras esta cita, los magistrados debían determinar si seguían con la investigación o si archivaban el caso. El resultado se conoce ahora.

¿Cuál es el origen de esta decisión?

Cepeda, quien era integrante de la Cámara de Representantes en 2011, hizo una serie de visitas a centros de reclusión ese año como parte de su labor en la vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Paz. Allí mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseveraron que Uribe, exgobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997, había propiciado la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.

La historia de Cepeda se ha visto marcada por el paramilitarismo. Su padre, congresista de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994 por estos grupos armados y el Ejército. En 2003 participó en la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y en 2008 organizó una marcha en ‘homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado’.

Durante esas visitas a los penales se reunió con el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, quien le dijo que el Bloque Centro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) tenía como base la hacienda las ‘Guacharacas’, propiedad del entonces gobernador Uribe y de su hermano Santiago, en San Roque, Antioquia.

Este bloque de las ACCU habría sido creado para proteger la hacienda debido a que un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) había cometido un robo en el lugar.

Cepeda también habló con Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias ‘Guacharaco’ (detenido y condenado a 40 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir), quien trabajó como paramilitar en la mencionada propiedad. Según su testimonio, el hermano del expresidente habría coordinado el transporte de votantes para las presidenciales de 2002, donde Uribe ganó.

Comienzo de la batalla legal

A partir de 2012, se inició una batalla legal entre Cepeda y Uribe. Ambos se señalaban mutuamente de realizar compra de testigos para perjudicar al otro.

En 2012, Cepeda debatió en el Congreso sobre la información de los testigos claves y denunció a Uribe, junto a los otros fundadores de las ACCU, por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por omisión, apoderamiento y tráfico de hidrocarburos, fabricación de estupefacientes, abuso de autoridad y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.

Como respuesta, el fundador del derechista Centro Democrático lo señaló de cometer «abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada«.

El entonces expresidente aseguró que el congresista había buscado a testigos falsos a los que había ofrecido beneficios penales, retribuciones económicas y su salida de Colombia, a cambio de incriminarlo en actividades relacionadas con el paramilitarismo.

Ese mismo año, la Fiscalía colombiana abrió una investigación y unificó el caso con las denuncias de Cepeda y de Uribe. Monsalve Pineda ratificó lo dicho al izquierdista al ser interrogado por la Justicia.

Otro debate en 2014

Uribe amplió la denuncia contra Cepeda, tras un nuevo debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia, en agosto de 2014. Tanto él como Cepeda acababan de ser electos como senadores.

El exmandatario dijo que el senador se había excedido en sus funciones, puesto que había visitado 21 veces a Monsalve Pineda, y ratificó sus denuncias de otorgar beneficios a cambio de vincularlo a él con las ACCU.

Debido al cargo público que en esa fecha ostentaba Uribe, la investigación que llevaba inicialmente la Fiscalía fue remitida a la Corte Suprema de Justicia.

Las interceptaciones

En 2015, ante denuncias de presiones a los familiares de Monsalve Pineda, la Corte interceptó el teléfono de su padre. Tras esta acción, quedaron en evidencia las llamadas de Juan Guillermo Villegas Uribe, uno de los fundadores de las ACCU, para presionarlos a favor del expresidente.

La víspera de Navidad de 2015, Uribe publicó en su cuenta de Twitter que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas. Su denuncia era cierta debido a que, sin saberlo, había mantenido comunicación con los números interceptados previamente por la Corte.

Sin embargo, estas grabaciones no fueron incluidas en el proceso contra el senador colombiano.

Otras causas

Aunque esta decisión de la Corte Suprema ha sido la que ha marcado un hito en la historia colombiana, a Uribe se le ha relacionado con otros delitos como escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, falsos positivos, paramilitarismo y masacres en sus gestiones como gobernador de Antioquia, como presidente de Colombia (2002-2010) y como senador (2014 hasta la actualidad).

Elexpresidente tiene 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hayan pasado siquiera a la fase indagatoria.

Entre las más delicadas se encuentran:

• Investigación por el asesinato del luchador de los derechos humanos Jesús María Valle, en febrero de 1998.
• Masacres del Aro y la Granja (Ituango, Antioquia), realizada por paramilitares en 1996. Fueron asesinadas 22 personas.
• El caso del hacker Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años por interceptar las conversaciones de paz en La Habana. El detenido afirmó que le había facilitado parte de las grabaciones a Uribe.

En todos estos procesos Uribe ha negado su responsabilidad.

Espionaje militar masivo

Entre las más recientes, el 3 de junio de este año la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una «indagación previa» contra Uribe, como parte de la investigación por el escándalo de espionaje militar masivo a periodistas, políticos y activistas, realizado en 2019.

Según la denuncia que recibió la Corte, el senador sería el «posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar».

Este escándalo se desató luego de las revelaciones que hiciera la revista Semana en las que señala que entre febrero y diciembre de 2019 se espió las comunicaciones de 130 personas, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, el entonces secretario general de la Presidencia, un asesor del Alto Comisionado para la Paz y a personas de confianza del presidente Iván Duque.

El exmandatario negó la veracidad de la acusación.

Compra de votos

Este año ha sido movido en lo judicial para Uribe. En marzo la máxima Corte inició otra investigación preliminar contra el expresidente por su posible vinculación con una presunta compra de votos en la campaña de Iván Duque.

La pesquisa se basa en la mención del apellido Uribe en una conversación entre el testaferro de narcotraficantes José ‘Ñeñe’ Hernández y una asesora del exmandatario.

Nuevamente el senador negó su responsabilidad en estos hechos y escribió en su cuenta de Twitter que había «procedido con rigor» desde su elección como concejal en 1974. «Que se aclare si hubo delincuentes que utilizaron nuestros nombres para conseguir dinero», argumentó.

Nathali Gómez

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