El Gobierno de facto de Bolivia cuestionó las conclusiones de un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que que se detallan «las graves violaciones de los derechos humanos», cometidas en medio de la crisis política tras las elecciones de octubre y el posterior golpe de Estado de 2019.

En una entrevista a la cadena de televisión ATV, y que recoge el diario El Deber, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, invitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a visitar Bolivia.

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«Que venga a Bolivia y venga a verificar todos los exámenes forenses de los que han muerto en Sacaba y de los que han muerto en Senkata, ni uno es muerto por el Gobierno, ni uno es muerto con bala policial ni militar, todos son muertos con escopeta, con bala (calibre) 22, con dinamita, o sea, son asesinados por sus mismos compañeros«, aseguró Murillo.

«Asesinatos y torturas»

La oficina de Bachelet recuerda que desde noviembre de 2019, se desplegó personal de la Oficina de Derechos Humanos en Bolivia para reunir información de primera mano. El informe está basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades.

«Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias», apunta.

Asimismo, recuerda que alrededor de 30 personas fallecieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas.

«Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud», sentencia el texto, mientras subraya que «el Gobierno ha negado que las Fuerzas de Seguridad hayan utilizado armas de fuego contra los manifestantes».

Además, asegura que entre los incidentes más graves se encuentran «el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba, en Cochabamba, y de 10 manifestantes en Senkata, el Alto-La Paz».

«Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentaspor las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo Bachelet.

Por su parte, el expresidente Evo Morales ha destacado en las redes sociales que «los crímenes de lesa humanidad que el Gobierno de facto cometió no quedarán impunes».

«Las familias que han perdido a sus seres queridos, los que han sido torturados e injustamente encarcelados tendrán justicia», aseguró.