Este martes el Consejo de Ministros de España ha aprobado el proyecto de la ley de Memoria Democrática, lo que inicia el camino para su tramitación parlamentaria, que seguramente comenzará en el mes de septiembre. La norma supone un punto y final con respecto al franquismo, garantizar la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura y homologar la normativa española con la de otros países de su entorno.

La medida, uno de los proyectos estrella del gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha sufrido retrasos con respecto al plan establecido inicialmente. El anteproyecto fue aprobado el pasado mes de septiembre, en medio de la gestión de la pandemia, y hace diez días sufrió una última demora debido a la remodelación del Gobierno que llevó a cabo Sánchez.

Así, quien pilotaba este proyecto, la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, fue una de las ministras que salieron del Ejecutivo. En su lugar, el nuevo titular de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha sido el encargado de presentar la norma.

Sacar el franquismo de España cincuenta años después

La nueva ley contendrá una batería de medidas, muchas de las cuales no se explica que aún no estuvieran vigentes cuando ya hace 46 años que murió el dictador y 43 desde que se aprobó la actual Constitución Española, que consagra las reglas democráticas.

Tras su aprobación en el Congreso, el Estado tendrá la obligación de asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. Con la ausencia de datos oficiales, a pesar de contar con una ley de Memoria Histórica desde hace 14 años, solo gracias a la labor de asociaciones de voluntarios se han documentado 3.000 fosas comunes hasta el momento. En cuanto al número de desaparecidos tampoco existen datos públicos, salvo el que recoge un auto de la Audiencia Nacional de 2008, que los cifra en 114.226 desaparecidos forzosos.

Entre los años 2000 y 2018 en el país se han abierto 740 fosas y se han recuperado 9.000 cuerpos, algunos de los cuales habían sido buscados durante 80 años por familiares y allegados.

El nuevo texto legislativo también contempla la creación de un Banco Nacional de ADN para posibilitar las identificaciones de los desaparecidos y la creación de una Fiscalía de Sala que investigue los delitos cometidos durante ese periodo.

Además, se crea el tipo penal de enaltecimiento del franquismo cuando se produce humillación a las víctimas. Este último requisito, el de la humillación a las víctimas, ha tenido que ser introducido tras las críticas plasmadas por el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces en España, que sostienen que la apología del franquismo está amparada en la libertad de expresión.

También se declararán nulos todos los juicios represivos que tuvieron lugar durante la Guerra civil entre 1936 y 1939.

Sanciones por primera vez

Por primera vez se establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 150.000 euros para las infracciones muy graves, como trasladar restos de víctimas de la guerra civil sin autorización, destruir fosas comunes o lugares de memoria o los actos de exaltación del franquismo que conlleven menosprecio de las víctimas.

La ley pretende también resignificar el Valle de los Caídos, el megamonumento que Franco hizo construir utilizando como mano de obra a presos políticos y albergó los restos del dictador hasta octubre de 2019, en un lugar preeminente frente al altar de la basílica, además de otros 33.000 cuerpos, muchos de los cuales fueron llevados allí sin el consentimiento e, incluso, sin el conocimiento de sus familiares.

Una ley insuficiente

Aunque la mayoría del Congreso de los Diputados se muestra a favor de la necesidad de esta ley, su tramitación en el Hemiciclo no se prevé sencilla. La mayoría de grupos progresistas consideran que se queda corta, mismo análisis que hacen las asociaciones memorialistas.

Grupos como los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o los vascos de EH Bildu piden una normativa más ambiciosa. Una de sus principales críticas es que no resarce a todas las víctimas, pues sigue vigente la ley de amnistía que perdonó todos los crímenes del franquismo, así como la ley de secretos oficiales de la dictadura.

Las asociaciones y entidades memorialistas exigen además la ilegalización y anulación de todas las sentencias del franquismo. Estos colectivos se manifestaron el pasado 18 de julio, aniversario del golpe de Estado de 1936 que acabó con la democracia en el país, a las puertas del Congreso.

Amenazas de derogación

Tanto el conservador Partido Popular, como el ultraderechista Vox, ya han anunciado que derogarán esta normativa en el caso de que lleguen al poder.

El líder popular, Pablo Casado, sostenía este lunes su intención de sustituir esta ley por una de «concordia», en un acto de su formación política envuelto en la polémica. Sentados junto a Casado, el exministro Arias Salgado llamó «hijo de puta» al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte; mientras que el también exministro Ignacio Camuñas afirmó que en España no hubo un golpe de Estado y que no se puede «seguir pretendiendo que la derecha es la culpable del 36 y de la guerra civil. Eso es mentira».

Por su parte, Vox es totalmente contrario a esta ley de Memoria Democrática. Desde su salto a la escena nacional se han caracterizado por no condenar el franquismo, sosteniendo que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que el actual y negándose a reconocer a las víctimas.

Nuria López