La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, informó este viernes que han dispuesto un total de 3.600 funcionarios de la Policía y de las Fuerzas Armadas para «retomar el control» de los centros penitenciarios del país y «garantizar la seguridad» en esos recintos, tras la masacre registrada a inicios de semana en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1.

En una rueda de prensa, la funcionaria detalló que el presidente Guillermo Lasso decidió separar las responsabilidades de la Secretaría de Derechos Humanos y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Además, designó a Bernarda Ordóñez —actual responsable de la Secretaría de DD.HH— como su representante ante el organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social.

Por su parte, la Policía y las Fuerzas Armadas han informado que mantienen operativos de requisa en el penal de Guayas, entre otras acciones que ejecutan por el decreto de estado de excepción.

Granadas, decapitaciones y un saldo de más de 100 muertos: ¿qué originó la peor masacre carcelaria de Ecuador y la quinta de América Latina?

La masacre de Guayas, que dejó 118 reos asesinados según datos del SNAI, es la más mortífera de la historia del país y la tercera que se registra este año en los recintos carcelarios de Ecuador. La primera de ellas ocurrió el 23 de febrero y en ese momento se convirtió en la peor del país con 79 reos asesinados.

Luego, el 21 de julio, hubo amotinamientos en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N° 1, en la región Sierra del país, y en Guayas N° 1. En esa oportunidad murieron 27 reclusos. Con la masacre de Guayas, las cifras de reos asesinados superan las 230 víctimas en lo que va de año.