El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decidió dar marcha atrás en su intención de intervenir y expropiar la empresa agroexportadora Vicentin, en proceso de quiebra e investigada por maniobras de fraude al Estado.

La decisión fue adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que deroga el decreto anterior, que establecía un procedimiento de estatización y regularización de deudas para sostener la producción y las fuentes de trabajo de la compañía.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario apuntó contra el juez que intervino en el concurso preventivo de crisis de Vicentin, Fabián Lorenzini, quien, según Fernández, «no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía».

De acuerdo al presidente, Lorenzini impidió también el acceso de la intervención por parte los funcionarios asignados por el Gobierno, y mantuvo en sus funciones a los directores responsables de la crisis, quienes «ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019».

Por esa razón, la Casa Rosada prefirió «no comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».

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