Más de 1.500 personas —alrededor de 500 familias— que habitaban un predio de 30 hectáreas de la hacienda Aldovea, en el corregimiento de Navarro, en el oriente de Cali, Colombia, fueron desalojadas por las autoridades locales.

En el operativo de desalojo, que inició el jueves y continuó este viernes, participó un contingente de cerca de 1.400 oficiales de la Policía, acompañados de miembros del Ejército, según informó la institución.

«Están presentes (funcionarios de) la Personería Distrital, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos», dijo César Augusto Lemos Posso, subsecretario de Servicios de Acceso a la Justicia.

De acuerdo con la Alcaldía, el predio fue ocupado de manera irregular por particulares, «ocasionando gran daño ambiental y perjuicios a su propietario».

Asimismo, señala que la hacienda está ubicada cerca a la Terminal del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) MIO de Aguablanca, al Hospital y Colegio Isaías Duarte y a la subestación de energía de Empresas Municipales de Cali (EMCALI), sector donde «no se permite la expansión urbanística, pues el suelo está destinado al agro».

Lemos detalló que el asentamiento habría comenzado el año pasado con motivo del paro nacional, ocurrido entre abril y junio; e indicó que el terreno ocupado cuenta con una parte que es privada y otra pública, propiedad del distrito, donde se prevé construir la Universidad Distrital.

«La ruta de invadir predios públicos y privados para resolver la vivienda es equivocada y no la aceptamos, para las comunidades necesitadas instalamos mesas de trabajo para concurrir con el Gobierno Nacional y así adquirir tierra y posibilitar mecanismos alternativos de construcción. Pero para los que lotean y venden, aprovechándose de las necesidades de nuestra comunidad, la ruta es la judicialización», dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

¿Acordado?

La Alcaldía de Cali aseguró el pasado miércoles que logró un acuerdo con los habitantes del predio para llevar a cabo el desalojo.

«Entre los acuerdos a los que la Alcaldía llegó con la comunidad está realizar el desalojo brindando todas las garantías de respeto por los derechos de esta población vulnerable y el establecimiento de una mesa de diálogo permanente con los habitantes del sector, para buscar soluciones a sus problemas de vivienda, seguridad, convivencia e inclusión social», comunicó el ayuntamiento.

Sin embargo, muchos vecinos desmienten que la medida haya sido acordada y tampoco comunicada, lo que ha provocado protestas.

El jueves, durante la primera jornada de desalojo, hubo manifestaciones y momentos de tensiones en el lugar de desalojo. Según la Policía, dos oficiales resultaron heridos, trasladados a un centro médico y el mismo día fueron dados de alta.

A la par, hubo manifestaciones a las afueras de la Universidad del Valle y el Centro Administrativo Municipal (CAM), en las que intervino la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNMOD) de la Policía.

Este viernes, aunque la Alcaldía informó sobre el desarrollo del segundo día de desalojo «bajo normalidad y calma», nuevamente hubo protestas a las afueras del CAM, con bloqueos de vías en el sector, que desencadenaron enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.