Con la inflación alcanzando los dos dígitos por primera vez en décadas en España se ha abierto el debate sobre la necesidad de limitar el precio de algunos productos básicos, sobre todo los de alimentación, que son los que más están encareciendo el coste de la vida.

La discusión la abrió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, perteneciente al socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos (UP). A principios de este mes, después de que se conociera que la inflación interanual en agosto superaría el 10 %, Díaz sostuvo que era necesario llegar a un acuerdo con las grandes cadenas de distribución para limitar el precio de los alimentos básicos, conteniendo sus beneficios.

Desde Podemos, la fuerza política principal que integra Unidas Podemos califican la idea de «sensata», pero ven complicado que se lleve a la práctica si depende de la voluntariedad de las grandes empresas, por lo que apuestan por un impuesto extraordinario a estas corporaciones con el que sufragar cheques a las familias vulnerables con los que garantizar su acceso a la cesta básica de la compra.

¿En qué consiste la propuesta?

Según desgranó Díaz, la propuesta consiste en fijar una cesta de la compra «básica, absolutamente legal y que no vulnere el derecho de la competencia», que incluiría entre 20 y 30 productos. No se trataría así de una ley, sino de un acuerdo que pretende alcanzar reuniéndose con asociaciones de consumidores y con los grandes distribuidores.

El propósito es garantizar un derecho a una ciudadanía que comienza a tener problemas no solo porque estén perdiendo poder adquisitivo, sino porque quienes se encuentran en las situaciones más vulnerables están teniendo dificultades para mantener una alimentación sana.

En este sentido existe el precedente de la bombona de butano, un bien de primera necesidad cuyo precio máximo ya ha sido limitado debido al momento excepcional que se vive.

Críticas políticas

La primera crítica a la propuesta llegó del seno del Gobierno. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, consideró que fijar un máximo en bienes y alimentos de primera necesidad no era legal, ni «deseable».

En cuanto a la posibilidad de fijar un gravamen al sector de la distribución, el ministro opinó que no era el momento adecuado, porque hasta la fecha todos los elementos de la cadena de producción y distribución se habían comportado de manera correcta, según su opinión.

Por su parte, el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), tachó la iniciativa de Díaz de «ocurrencia».

¿Qué opina el sector?

En el sector de la distribución, la primera en pronunciarse fue la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), sosteniendo que no se está haciendo negocio con las grandes subidas de precios, debidas a la inflación, y que la enorme competencia entre las empresas del sector ya es un factor de contención de precios.

Este lunes Asedas emitió un comunicado conjunto con la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES) y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), después de la reunión que mantuvieron con Yolanda Díaz y con el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Aunque dicen compartir la preocupación del Gobierno por la situación de los precios de los alimentos, consideran «inviable y contraproducente» elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados y sostienen que para contener la inflación alimentaria se debe bajar el IVA de los alimentos y controlar el precio de la energía.

¿La primera cesta básica?

Sin embargo, esa unanimidad pareció romperse la semana pasada cuando la multinacional francesa Carrefour anunció que pondría a la venta una cesta de 30 productos básicos de primera necesidad por 30 euros. Estará disponible desde este 12 de septiembre hasta el próximo 8 de enero.

No obstante, después de que este lunes se conocieran los productos que integran esta propuesta, han comenzado las primeras críticas. La fundamental es que no contiene fruta, carne, leche, huevos ni pescado fresco.

La segunda crítica es que la cadena no ha rebajado el precio de ninguno de los productos que integran esta canasta, sino que se ha limitado a seleccionar 30 artículos que en conjunto suman un precio de 30 euros. Eso sí, la cadena se ha comprometido a mantener su precio durante los próximos cuatro meses.

¿Qué productos están en el punto de mira?

En el punto de mira están productos tan básicos como los huevos, la leche o el pan, que han subido en términos interanuales un 19,3 %, un 16,4 % y un 11,4 %, respectivamente, muy por encima del 10,5 % que marcó en agosto la inflación interanual, la más alta de los últimos 38 años.

De esta manera, la idea es extenderla a otros productos frescos, como fruta, verdura, carne o pescado, con el fin de garantizar una alimentación variada y sana entre la población que está experimentando más dificultades.

Así, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, la ministra de Trabajo desgranó el pasado jueves que la cesta que proponen, que debería durar hasta después de las Navidades, se basa en cinco características: la variedad de los alimentos; que la oferta se produzca a costa de la contribución de las empresas que tienen capacidad para ello, excluyendo así a los pequeños comercios; primar los productos locales; que el contenido de la cesta rote cada semana; y que se elabore una propuesta para las personas celíacas.

Subida de salarios y otras propuestas

El de esta cesta de alimentos de primera necesidad no es el único frente que tiene abierto la vicepresidenta segunda para poner freno a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Díaz se encuentra también en plena negociación para establecer la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Una gran cadena de supermercados británica limita a tres la cantidad de artículos económicos que se pueden comprar

En la actualidad se encuentra fijado en 1.000 euros en 14 pagas al año (1.166 prorrateados en 12 pagas). Pero el Gobierno liderado por Sánchez quiere cumplir el compromiso que adquirió al inicio de la legislatura de aumentarlo hasta llegar al 60 % del salario medio.

La cifra que se barajaba hasta hace poco era del 4,9 %, pero debido a la alta inflación de los últimos meses y a que el salario medio ha subido más de lo esperado, se trata de una cifra que se queda corta. La ministra de Trabajo ya ha anunciado que el aumento debe ser mucho mayor.

Desde la formación de Díaz, Unidas Podemos, también se está tratando de pactar con su socio de Gobierno, el Partido Socialista, otra medida: un límite temporal a la subida de los intereses de las hipotecas de las familias vulnerables.

Después de la subida histórica de 0,75 puntos del Banco Central Europeo, el Euríbor, índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables españolas, ya supera el 2 %, alcanzando niveles que no se veían desde 2011. A ese porcentaje hay que sumarle el diferencial pactado con cada banco en las hipotecas a interés variable, que es al que se quiere poner coto desde UP.

La formación de Díaz propone limitar ese diferencial al 0,1 % durante un año sin aumentar el plazo de amortización. Según UP esa reducción significaría un ahorro mensual de entre 100 y 150 euros. Los beneficiarios de esta medida serían las personas hipotecadas con una renta inferior a 12.159 euros al año (algo más de 24.000 euros si hay más miembros en la familia), cuya hipoteca, junto con los gastos y suministros básicos, represente más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar.

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