El Congreso de Guatemala decidió archivar el polémico decreto 18-2022, presentado como el proyecto de ley de ‘Protección de la Vida y la Familia’, que incrementaba las penas de prisión para las mujeres que se sometieran a un aborto y prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La normativa, que había recibido el voto a favor de 101 diputados (de los 160 que conforman el Parlamento), fue ampliamente repudiada por organizaciones sociales por ser violatoria de los derechos humanos, una visión compartida por el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei. El pasado martes, el Congreso decidió trasladar la ley «al archivo de Dirección Legislativa» tras aceptar «las observaciones» al decreto.